Introducción
En un escenario global en acelerada transformación, los cambios del orden internacional convergen con las convicciones juveniles formadas tras los procesos de transición democrática en Latinoamérica, reconfigurando la relación entre el Estado, la sociedad civil y las nuevas generaciones. Desde la perspectiva nacional juvenil de sus autoras -Lila Bubello de Vedia y Mitre aportando la mirada argentina y Ashley Portillo la hondureña-, este artículo analiza cómo la juventud y las transformaciones del orden político se interceptan mediante la evolución de la participación cívica y la diplomacia regional. A través de esta mirada cruzada entre la historia y las relaciones internacionales, se contrasta la construcción de consensos sobre el Estado de derecho y la soberanía frente al poder global, conectando la memoria histórica y prioridades internacionales de cada nación con las tensiones, disputas geopolíticas y esfuerzos de institucionalización que hoy desafían a las juventudes de Argentina y Honduras.
Las transiciones democráticas en la historia de Argentina y Honduras: Trasfondos del contrastante pensamiento joven
Desde finales del siglo XX, Argentina y Honduras experimentaron sus respectivos procesos de recuperación de la democracia, pero atravesados por contextos diferentes. Sus diferencias iniciales moldearon la forma en que cada sociedad concibió la participación política juvenil, marcando distintos objetivos y convicciones populares en cada país.
Argentina recuperó la democracia en 1983 tras la dictadura cívico-militar instaurada mediante el golpe de Estado a la presidenta María Estela Martínez de Peron el 24 de marzo de 1976. Los seis años de administración de facto por parte de las FFAA estuvieron cargados de persecuciones sistemáticas de exterminio y tortura a opositores políticos, junto con una estricta censura a la libertad de expresión. Al finalizar la dictadura militar, se juzgó a los exmandatarios dictatoriales por crímenes de lesa humanidad, un hito histórico respecto a la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica. No obstante, aún faltaba construir una base sólida que consolide al Estado de derecho desde la Constitución Nacional. Siguiendo este objetivo, la misma fue reformada en el año 1994, incorporando, acompañados de la adhesión formal de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Argentina, diversos artículos en defensa de la iniciativa popular y el derecho de resistencia ciudadana ante las rupturas democráticas. El regreso de la democracia representativa consolidado en esta reforma dejó una fuerte impronta en la memoria colectiva al grito de “Nunca Más”, el cual simboliza una convicción de gran parte de la sociedad argentina: defender la libertad de expresión para no repetir su censura estatal. Desde la ley sancionada en 2006, cada 24 de marzo se conmemora el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, dando lugar a reflexiones y grandes manifestaciones populares en defensa de los derechos cívicos.
La juventud argentina encuentra en la reforma constitucional de 1994 la oportunidad para la plena defensa de sus derechos cívicos, articulada mediante partidos, sindicatos y movimientos estudiantiles. junto con causas sociales que consideraban relevantes. Las aspiraciones juveniles fueron fluctuantes, más, en su mayoría, no abandonaron los lineamientos de la defensa del Estado de derecho. En las décadas pasadas, la participación juvenil se orientaba a propósitos relacionados con la igualdad de género. Hoy en día, radica principalmente en torno a la defensa de la soberanía nacional, ocupando un lugar central en el debate público juvenil y viéndose reflejada en múltiples aristas: En discusiones sobre política exterior, la inversión y la compra de tierras por parte de entes extranjeros son frecuentemente posicionadas como vulneraciones al principio de soberanía, siendo motivo de múltiples manifestaciones. Al mismo tiempo, se establecen distintas posturas geopolíticas sobre el rol de la Argentina como país periférico en la división internacional del trabajo, viéndose mayormente en controversias que abordan la extracción y comercio de sus recursos estratégicos: específicamente, el litio concentrado en el norte argentino. El mismo, al ser de interés en el mercado global, genera distintas opiniones sobre la gestión de este por parte de la industria nacional, y de la misma manera, se debate sobre el impacto de su extracción en las comunidades de la región con el recurso. En cuanto a la economía, se debate el papel de los organismos financieros en la autonomía monetaria, principalmente, el del FMI. Pero, sobre todo, el debate público juvenil sobre la soberanía argentina recae principalmente en la disputa por las Islas Malvinas. La causa ha dejado un fuerte y relevante legado en la sociedad argentina, por el que hoy en día se siguen sosteniendo como convicción popular los argumentos de herencia histórica del territorio y de pertenencia por estar incluidas en la plataforma continental.
Por otro lado, Honduras, afrontó una transición democrática distinta, donde la democracia no elimina directamente al autoritarismo. En la transición iniciada en la década de 1980, según Esteban de Gori, se llevó a cabo, paralelamente a la recuperación de las formas y reglas de la democracia liberal, un aumento del poder militar provocado por el establecimiento de una base estadounidense. (De Gori, 2009). El tutelaje militar, acompañado de una estricta arquitectura bipartidista, estructuró la política hondureña durante más de dos décadas, hasta que la administración de Manuel Zelaya (2006-2009) tensionó los límites de este al cuestionarlo señalando que «el consenso bipartidista de poder no permitía realizar los cambios para modificar el sistema estructural del Estado» (De Gori, 2015). Como consecuencia, el estamento militar operó nuevamente para ejecutar un golpe de Estado en 2009 y desplazar al mandatario, evidenciando las grietas e inconclusiones de la transición democrática iniciada en los años ochenta. Desde entonces, se moldeó una cultura política donde la participación juvenil y la subjetividad social se configuran frente a un aparato público considerado inestable, bajo una fuerte influencia norteamericana.
Desde una perspectiva sociológica, el golpe de 2009 generó una percepción colectiva de quiebre del pacto social, en la cual, según un informe del CESPAD: «la sociedad hondureña sigue percibiendo profundas fracturas en su democracia […] que se refleja en la desconfianza hacia las autoridades» (CESPAD, 2025). Contrastando con el consenso cívico argentino sobre el Estado de derecho. En esta misma línea, la soberanía nacional, a diferencia de las convicciones argentinas, en Honduras no se percibe colectivamente como un principio de autodeterminación popular a defender, sino como un espacio de disputa atravesado por la «intersección de autoridad, control y resistencia» (CESPAD, 2025). Asimismo, en lugar de situar los objetivos de defensa en el resguardo de fronteras ante factores frecuentemente considerados como amenazas externas, el análisis sociológico revela la disciplina miento social y el mantenimiento de la hegemonía, articulando, de este modo la dimensión del orden doméstico con la tutela exterior. Actualmente, las dinámicas de poder global continúan condicionando el margen de acción del Estado hondureño: si bien persiste la histórica dependencia respecto a Estados Unidos, el reciente viraje diplomático hacia la República Popular China refleja un esfuerzo por diversificar alianzas e insertarse en una arquitectura internacional multipolar, planteando nuevos desafíos para la autonomía y la identidad política del país.
Estas trayectorias divergentes demuestran cómo los procesos de democratización de finales del siglo XX no ocurrieron de manera aislada, sino estrechamente entrelazados con la arquitectura del orden de la época, ya sea del poder político nacional o en cuanto al ámbito internacional. Mientras Argentina consolidó un consenso cívico interno orientado a la defensa institucional de los derechos humanos y posteriormente, de la soberanía; Honduras transitó una democratización tutelada, articulada bajo condicionantes geopolíticos y dinámicas de dependencia externa.
Siguiendo este trasfondo, en las primeras décadas del siglo XXI, las premisas sobre las que se asentaron ambos procesos de transformación democrática enfrentan un nuevo catalizador: la acelerada mutación del sistema internacional. La transición desde una hegemonía unipolar hacia una estructura multipolar y fragmentada reconfigura el margen de maniobra de los Estados, incluyendo que redefine las percepciones, prioridades y formas de movilización de las juventudes latinoamericanas frente a la soberanía y el poder global.
Soberanía, multipolaridad e inserción internacional: La respuesta juvenil de Argentina y Honduras frente a las transformaciones de orden global
Comprender la soberanía en el contexto contemporáneo exige trascender la delimitación geográfica tradicional para concebirla como una construcción dinámica vinculada a la identidad, la agencia y la posición que ocupan los actores en la arena internacional. La acelerada transformación del orden mundial conocido plantea una invitación forzosa para que los Estados periféricos redefinan su inserción internacional. Tanto Argentina como Honduras han emprendido este tránsito, buscando conectar con nuevos actores globales desde las restricciones impuestas por sus vulnerabilidades históricas y desde las oportunidades que ofrecen sus recursos estratégicos y posicionamientos geopolíticos. En este escenario de transición sistémica, la soberanía deja de ser una abstracción jurídica para convertirse en el eje desde el cual las juventudes cuestionan su entorno, demandan autonomía y reclaman espacio en la toma de decisiones.
El orden internacional actualmente atraviesa una transformación que no se limita a los gobiernos, sino que redefine las prioridades de la juventud latinoamericana desde su base. Eilstrup-Sangiovanni y Hofmann (2020) argumentan que este cambio no rompe el sistema, sino que lo evoluciona hacia una gobernanza más compleja. Amadi (2020) describe cómo el repliegue del liderazgo estadounidense abre paso al nacionalismo y a nuevas anarquías globales. Ante este escenario, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se convierten en el marco desde el cual leer, de adentro hacia afuera, cómo esta transformación redefine la prioridad juvenil en Honduras y Argentina.
Desde adentro, la región enfrenta lo que Marczak y Engelke (2016) llaman una carrera demográfica contra el tiempo: la ventana de oportunidad juvenil se cerrará hacia 2040, obligando a invertir ahora en educación y empleo. Moreno Vílchez (2024) advierte que, hacia afuera, el creciente multipolarismo genera un “autismo estatal” en las grandes potencias, concentradas en su propia supervivencia y desatentas a amenazas compartidas como el cambio climático. A esto se suma lo que Leeds et al. (2025) llaman un “desorden de la información”: la desinformación algorítmica erosiona la rendición de cuentas de los liderazgos latinoamericanos frente a su propia ciudadanía joven, precisamente el sector más expuesto a los espacios digitales. Al mismo tiempo, esta misma fragmentación abre oportunidades: el ascenso de potencias del Sur Global amplía, según los mismos autores, el “menú” de financiamiento disponible para la región, reduciendo su dependencia de instituciones tradicionales como el Banco Mundial. Esta desatención externa, combinada con nuevas alianzas posibles, presiona a la región a fortalecer sus propias instituciones en lugar de depender de un liderazgo hegemónico único.
Bajo este nuevo orden, los organismos internacionales dejan de ver a la juventud como receptora de ayuda para posicionarla como actor central del desarrollo. El informe de Naciones Unidas Honduras (2025) documenta la estrategia Youth2030, que integra a jóvenes en el diseño de políticas públicas y en la veeduría electoral. Sin embargo, esta apuesta institucional convive con tensiones no resueltas en el territorio: el caso Guapinol, en Tocoa, donde un megaproyecto minero de óxido de hierro enfrenta la narrativa estatal de desarrollo con la resistencia de comunidades y jóvenes defensores del agua (Hernández Rivera, 2023), evidencia que la integración juvenil promovida por Youth2030 aún no logra traducirse en protección efectiva para quienes ejercen esa misma participación en el territorio.
En Argentina, el reporte de Naciones Unidas (2025) prioriza en cambio las competencias digitales para sectores estratégicos como el litio, reduciendo la informalidad laboral. A nivel comunitario, Palumbo, González y Tapia (2022) muestran cómo la militancia juvenil en los barrios populares del conurbano bonaerense redefine la política como práctica solidaria y pedagógica frente a la crisis alimentaria. Como se mencionó anteriormente, la gestión del litio por parte de la industria nacional es un tema relevante en el debate público juvenil. En el marco del Triángulo del litio, Argentina ocupa una posición estratégica frente a la transición energética global, lo que podría impulsar al Estado a presentar este recurso como una oportunidad de industrialización. Sin embargo, la narrativa contrasta con las preocupaciones de las comunidades de los territorios extractivos. Gómez Lende (2023) cuestiona el supuesto “efecto derrame” de la minería, mientras que Sibilla y Litvinoff (2023) evidencian problemas de transparencia y participación. Así, el debate no se limita a quién controla el recurso, sino también a cómo se protegen el agua, el territorio y las comunidades.
Todo lo anterior, la carrera demográfica, el desorden informativo, la apuesta de los organismos internacionales por integrar a poblaciones mayoritariamente joven; parte de una premisa que vale la pena cuestionar desde la propia experiencia: históricamente, la juventud percibió al Estado y al gobierno como algo ajeno, una esfera de decisiones tomada por adultos sobre la cual no tenía control ni injerencia real. Sin embargo, en un mundo cada vez más hiperconectado, esa distancia se ha reducido; la política ya no ocurre “en otro lugar”, sino que se filtra en la vida cotidiana a través de las mismas temáticas (clima, tecnología, migración) que hoy definen las prioridades juveniles descritas por Leeds et al. (2025) y por los informes de la ONU. Esta cercanía forzada, ya sea por afectación directa o por interés genuino, ha llevado a que más jóvenes se involucren como sociedad civil, no solo para defender sus propios derechos, sino los de los sectores más vulnerables.
Conclusión
La comparación entre las sociedades de Argentina, que viene de la tradición organizada, y Honduras, una participación dispersa, evidencia diferencias significativas en las formas mediante las juventudes participan en la vida política. Podemos afirmar que la historia política ha influido de manera distinta en ambos casos: Desde su retorno democrático en 1983, con el juicio a los mandatarios dictatoriales y la posterior reforma constitucional que consolidó la democracia, la juventud argentina consolidó una participación sostenida y visible frente al conflicto social, determinada a defender los derechos cívicos y preservar la libertad de expresión. Por otro lado, en Honduras, luego de su transición a la democracia marcada por intermitencia entre Estado de derecho, actividad militar e influencia de potencias, la participación política juvenil permanece más dispersa, expresándose también en el ausentismo electoral y el complejo ejercicio del voto bajo plena información, mientras distintas instituciones buscan fortalecer sus mecanismos de incidencia.
Así, la diferencia no radica necesariamente en la intensidad de la participación, sino en sus formas de organización y canalización. Ambos casos muestran la necesidad de ampliar espacios institucionales de participación juvenil, reconociendo a las nuevas generaciones como actores relevantes en la transformación del orden político nacional y global.
Bibliografía
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