La conmemoración de la jura de la Constitución de el 9 de Julio de 1853 por parte de las provincias de la Confederación Argentina constituye un hito que excede la mera efeméride institucional para consolidarse como el emergente de una densa deliberación política y programática. El acontecimiento histórico representó la materialización de un proyecto de organización nacional fundamentado en corrientes filosóficas específicas, donde la acción fundacional del Estado se supeditó a una rigurosa arquitectura jurídica y doctrinaria. En la posmodernidad, este sustrato ideológico ha sufrido un proceso de erosión, manifestado en la transformación de los partidos políticos y de las agencias estatales en los niveles municipal, provincial y nacional. La actividad política ha desplazado su eje desde la proyección estratégica hacia una lógica de mera gestión, proceso que se inscribe en el denominado nihilismo epistemológico contemporáneo caracterizado por el escepticismo ante la racionalidad científica y los marcos fácticos en la toma de decisiones (Pinker, 2018). Frente a la consecuente reducción de la praxis pública a la mera administración de recursos, este artículo propone un abordaje tripartito para evaluar la densidad de las organizaciones actuales. Bajo esta matriz analítica, la filosofía opera como el fundamento constitutivo del movimiento, la doctrina se define como el ejercicio práctico de dicha concepción, y la ideología se establece como el marco ordenador del consenso colectivo. A partir de este esquema teórico, el presente trabajo examina el fenómeno de “la ilusión posideológica” (Žižek, 2024) en la Argentina posmoderna, analizando cómo el repliegue de estas tres dimensiones reconfigura los lazos entre el Estado, las estructuras partidarias y la ciudadanía.
La recuperación analítica de las identidades políticas locales e internacionales se plantea aquí con un propósito estrictamente taxonómico, orientado a reinterpretar las estructuras históricas bajo un esquema operativo que facilite su comprensión y aplicación conceptual. La categorización de estas experiencias, por lo tanto, prescinde de valoraciones sobre la pureza de sus orígenes para concentrarse en la sistematización de sus dinámicas internas. A escala global, la validez de este modelo tripartito se evidencia con claridad en la matriz del marxismo, una corriente donde el materialismo histórico opera como el sustrato filosófico y el método fundamental de análisis de las contradicciones del capital. A partir de esa base conceptual, la doctrina marxista se traduce en una praxis política situada que se aprende y se enseña a través de modelos de organización política específicos, tales como el leninismo, maoísmo o el estalinismo, confluyendo finalmente en el socialismo o el comunismo como las identidades ideológicas encargadas de estructurar el consenso de masas.
Al trasladar este instrumental analítico al escenario nacional, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical exhiben una densidad institucional fundamentada en la correspondencia de estas tres estructuras, cuya legitimidad histórica radica en su prolongada vigencia temporal y en su rol central en la arquitectura democrática argentina como las dos grandes fuerzas ordenadoras del espacio público. La articulación de estas dimensiones conceptuales define, asimismo, su respectiva concepción del sujeto social. Así como el marxismo identifica la estructura comunitaria a partir de la división entre proletarios y burgueses, las fuerzas locales configuraron sus propias ontologías sobre la base de categorías universales específicas. En el plano filosófico, el justicialismo definió su ontología a partir de la noción de comunidad organizada, estableciendo un principio de interdependencia social donde la realización del individuo se supedita al bienestar del colectivo, premisa bajo la cual la condición de sujeto político recae de manera exclusiva en la figura del trabajador. En contraposición, el radicalismo edificó su sustrato conceptual sobre el krausismo, una corriente que priorizó la armonía racional y una dimensión profundamente moral del lazo social, identificando consecuentemente a la totalidad de la población bajo la categoría jurídica y ética del ciudadano.
La delimitación de estos sujetos políticos determina de manera directa la configuración de la doctrina, entendida como la formalización pedagógica y organizativa que traduce la abstracción conceptual en una praxis situada. La doctrina constituye un saber estructurado que se aprende y se enseña en la cotidianeidad de los ámbitos locales, provinciales o nacionales. En la experiencia justicialista, la centralidad otorgada al trabajador se tradujo en la ejecución de la “Doctrina peronista”, un cuerpo conceptual de encuadramiento territorial y sindical donde la organización comunitaria en los barrios y los lugares de trabajo opera como la herramienta fundamental para la dignificación social. Por el contrario, en el orden radical, la consideración del individuo bajo la categoría de ciudadano orientó su praxis hacia el “Republicanismo” en tanto ejercicio doctrinario y pedagógico, concentrando sus esfuerzos institucionales en la formación de cuadros técnicos y políticos orientados a vigilar la transparencia de los actos de gobierno y el funcionamiento de los mecanismos institucionales. Ambas construcciones establecieron esquemas de militancia orgánica que dotaron de cuerpo y arraigo territorial a los principios abstractos de sus respectivas matrices de pensamiento.
La definición de estos sujetos políticos determinó la configuración del plano ideológico, el cual funcionó en ambos movimientos como el vector de cohesión encargado de unificar la abstracción filosófica con la acción territorial en un relato de identidad mayoritaria. El peronismo, al situar al trabajador en el centro de su ontología, edificó el consenso colectivo a través de un nacionalismo de matriz popular y tercera posición, enfocado en robustecer la soberanía estatal frente a las presiones externas y en consolidar una identidad de masas que asimilaba los intereses de la clase laboral con los de la patria misma. Por su parte, la Unión Cívica Radical, consistente con su concepción del ciudadano moral y su arraigo institucional, convergió en los postulados del reformismo y la socialdemocracia. Este marco ideológico permitió articular el consenso en torno a las demandas de representación de las clases medias, la redistribución a través del Estado de derecho y la consolidación de un orden democrático estable. En ambos casos, la ideología operó como el aglutinante doctrinario indispensable para dotar de previsibilidad y dirección estratégica a la acción de gobierno, estructurando un espacio público donde las disputas se dirimían entre programas políticos con densidades conceptuales explícitas.
Frente a la densificación histórica de estas estructuras, cabe interpelar el escenario contemporáneo: ¿persisten las deliberaciones filosóficas y doctrinarias en las agencias estatales de la Argentina actual, o la discusión pública se ha reducido a la orientación de una arteria vial y a la administración procedimental de lo inmediato? ¿En qué instancia institucional quedaron resguardados los valores programáticos? La respuesta a este interrogante se inscribe en el denominado nihilismo social, una categoría que describe la atmósfera de desencanto colectivo y descreimiento generalizado en las capacidades transformadoras de la acción colectiva. Esta desarticulación de las expectativas ciudadanas opera como el eslabón de transición hacia el análisis de la degradación institucional contemporánea, en tanto la dimensión ideológica constituye la estructura más permeable a las transformaciones culturales globales.
La estabilidad histórica de los partidos tradicionales dependió de la eficacia de sus marcos ideológicos para dotar de previsibilidad y dirección estratégica a la acción colectiva, configurando un espacio público donde las disputas se dirimían entre programas con densidades conceptuales explícitas. En la posmodernidad, este vector de cohesión ha sufrido un proceso de fragmentación estructural que altera las bases de la representación política nacional. El eclipse de los grandes relatos programáticos desplaza el eje del debate público desde la confrontación de proyectos de país hacia la adopción de identidades estéticas y líquidas, escenario donde la ideología abdica de su función ordenadora del consenso. Es precisamente en esta fractura donde se instituye “la ilusión posideológica” (Žižek, 2024), un fenómeno global que se manifiesta a escala local mediante la naturalización del pragmatismo y la presentación de la actividad política como un ejercicio desprovisto de dogmas, encubriendo bajo una aparente neutralidad la asimilación definitiva de la lógica de mercado en las agencias del Estado.
Este diagnóstico teórico encuentra su correlato empírico en las transformaciones del sistema de partidos local, donde se evidencia una contradicción estructural caracterizada por la proliferación de plataformas electorales formales en simultáneo con el vaciamiento de sus bases de sustentación. De acuerdo con los registros de la Dirección Nacional Electoral, entre los años 2014 y 2025 la cantidad de partidos políticos reconocidos de orden nacional experimentó un incremento del 50%, dinámica de atomización que contrasta con la retracción de los lazos de pertenencia orgánica. En el mismo período, la afiliación partidaria real sufrió una contracción del 11%, alcanzando en la actualidad un nivel de adscripción formal que abarca apenas al 16% de la ciudadanía en comparación con el 23% registrado en el año 2009. Lejos de constituir un fenómeno aislado, este desapego hacia las identidades doctrinarias tradicionales se inscribe en un malestar democrático de alcance regional, reflejado en mediciones internacionales como las del Latinobarómetro, cuyos indicadores sitúan el promedio de insatisfacción con el funcionamiento de los regímenes democráticos en un 54%. La confluencia de estos indicadores sociopolíticos confirma el repliegue de los marcos conceptuales y la consolidación de estructuras líquidas orientadas a la mercadotecnia electoral.
El análisis del vaciamiento doctrinario contemporáneo devela un problema estructural e histórico en la escala nacional, cuya resolución exige recuperar la rigurosidad conceptual de los hitos fundacionales. La jura de la Constitución de 1853 representó la materialización de un proyecto de organización nacional fundamentado en corrientes filosóficas específicas, donde la acción originaria del Estado se supeditó a una arquitectura jurídica y doctrinaria densa. Frente al escenario actual, la reflexión teórica y humana advierte la persistencia de una necesidad colectiva de adscripción a sistemas de creencias con arraigo axiológico. La proliferación de partidos políticos carentes de contenido filosófico o de raíces históricas profundas atenta contra la estabilidad democrática, en tanto estas plataformas fundan su existencia en la mera contraposición hacia otras fuerzas. La emergencia de identidades edificadas a partir del antagonismo periférico genera estructuras desprovistas de atributos programáticos propios, donde la supervivencia del espacio depende exclusivamente de la existencia del rival y no de una propuesta soberana de país.
La principal implicancia de este diagnóstico radica en la urgencia de restablecer el carácter crítico de la ciudadanía argentina a través de espacios de representación propositivos. El sistema político se encuentra ante la oportunidad histórica de reasumir la praxis pública bajo parámetros de rigurosidad conceptual, desplazando la mercadotecnia electoralista en pos de la reconstrucción del tríptico integrado por la filosofía, la doctrina y la ideología. La superación de “la ilusión posideológica” (Žižek, 2024) requiere la configuración de partidos capaces de proyectar alternativas estratégicas estables, devolviendo a los niveles municipal, provincial y nacional la densidad teórica indispensable para la planificación del porvenir.
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