Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, una fecha establecida por las Naciones Unidas para reconocer la diversidad cultural de los pueblos originarios y visibilizar los desafíos que aún enfrentan en materia de derechos humanos. Esta jornada invita a reflexionar sobre las desigualdades históricas que continúan afectando a comunidades indígenas en todo el mundo y sobre la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo compatibles con el respeto por su identidad y autodeterminación.
En Argentina, donde conviven decenas de pueblos indígenas preexistentes al Estado nacional, estas problemáticas adquieren una expresión particularmente intensa en el norte del país. El pueblo wichí, asentado históricamente en el Gran Chaco Americano, constituye uno de los casos más representativos de la tensión entre los derechos territoriales reconocidos por el ordenamiento jurídico y las dinámicas económicas que impulsan la expansión de la frontera agropecuaria y extractiva. Su situación permite observar cómo el desplazamiento territorial, la deforestación, la pobreza estructural y las barreras de acceso a la salud, la educación y la justicia forman parte de un mismo entramado de exclusión.
Este artículo propone analizar la realidad contemporánea del pueblo wichí desde una perspectiva territorial, jurídica y social, examinando las transformaciones que han afectado sus modos de vida, el alcance de las políticas estatales y los desafíos pendientes para garantizar un reconocimiento efectivo de sus derechos colectivos y de su vínculo histórico con el territorio.
La región del “Gran Chaco Americano”, una región de gran diversidad ambiental y social que se extiende en un vasto territorio y constituye la mayor masa boscosa de Sudamérica después de la Amazonía. Dicha región comprende territorios de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, siendo nuestro país el que ocupa el primer lugar, con un 62,19 % de la superficie. En él, existen una amplia variedad de ambientes como bosques, pastizales, sabanas, esteros y humedales, y su diversidad de especies vegetales y animales hace que esta región sea un área esencial para la conservación de la biodiversidad.
Salta es la provincia con la mayor diversidad de pueblos originarios de Argentina, alrededor del 10,0 % de su población se reconoce indígenas o descendientes de pueblos originarios. En dicho grupo el 45,9 % de la población se reconoce indígena o descendiente del pueblo wichí. Mientras que, en Formosa, un 7,8% se reconoce indígena o descendiente de pueblos originarios y dentro de ese grupo un 32,3% se reconoce indígena o descendiente del pueblo wichi. (Instituto Nacional de Estadística y Censo, [INDEC], 2024).
En los territorios donde habitan los wichí conviven tanto pueblos originarios como criollos, bajo diferentes cosmovisiones y modos de vida. Los pueblos indígenas se dedican a la caza, la pesca y la recolección haciendo un uso compartido de los recursos, entendiendo que las sociedades indígenas, no concebían al territorio con otro uso más que el comunitario, con lugares y bienes comunes que se distribuían a través de alianzas, mediante el uso y ocupación del territorio. (Flores Klarik, 2023)
Observamos que el uso actual de la tierra responde a una nueva concepción de “uso”, de índole posterior al capitalismo, en la cual el estado moderno reclama el derecho de la “propiedad” a través del título dominial y la concepción del carácter de propiedad privada, reconocida en el artículo 17 de la Constitución Nacional. A causa de ello, en los últimos años han sufrido desplazamientos producto del avance de la frontera agrícola para el cultivo de soja transgénica y la instalación de empresas multinacionales relacionadas con la extracción de petróleo, gas y litio, situación que causa un impacto no sólo en sus formas de vida sino también en sus medios de subsistencia, a raíz fundamentalmente de la deforestación, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
Estos desplazamientos, transformaron los modos de reproducción económica y social tradicionales produciendo el empeoramiento de las condiciones de vida de las familias de estas comunidades. Este empobrecimiento y sus consecuencias para la población infantil se han tornado críticos en los tres departamentos de Salta en donde habitan estas comunidades (San Martín, Rivadavia y Orán), que en 2020 fueron territorios declarados en emergencia sanitaria. Entre las causales de esta situación se identifican, la falta de acceso a agua segura, una deficiente ingesta de alimentos y micronutrientes, limitaciones en el acceso a servicios de salud (ubicación dispersa, falta de transporte para emergencia, rechazo cultural respecto a los servicios, entre otros).
La comunidad wichi también enfrenta una discriminación sistemática que se visibiliza en distintas áreas del desarrollo de vida. En la educación, por ejemplo, los niños y niñas wichi suelen sufrir insultos y exclusión social en las escuelas por parte de la población criolla, lo que constituye un obstáculo severo para su permanencia en el sistema educativo. Además, en muchos casos la misma educación no es impartida contemplando la barrera idiomática. Durante mucho tiempo, estas lenguas fueron excluidas del sistema escolar. Niñas y niños de pueblos originarios asistían a una escuela que no hablaba su lengua y que por ello se los consideraba “silenciosos”. La ley provincial 7546 incluye la educación intercultural bilingüe dentro de la educación salteña, de manera que algunas escuelas cuentan con auxiliares bilingües. Sin embargo, persisten las situaciones de discriminación y el trato indiferente en relación a sus creencias y cosmovisiones. (Fondo de las Naciones Unidas para los Niños [UNICEF], 2021, p. 16).
En el sistema de justicia, donde también existen barreras idiomáticas críticas, pues las instituciones no cuentan con intérpretes bilingües o capacitados, lo que lleva a traducciones erróneas en audiencias judiciales.
Una referente de la Comunidad Wichi, en un testimonio brindado a UNICEF afirmaba:
“En una audiencia judicial (…) fui como persona de confianza de mi prima. Las personas que son intérpretes y no son de la comunidad, (decía) todo lo contrario (…) Estaba haciendo mal la traducción (…) le dijo todo lo contrario a la fiscal, y empezaron a ponerle de que yo me impuse, que soy una alterada. Entonces le dije a mi prima, me salgo, no me puedo aguantar esto. Me duele tanto que a mí me callen hablar mi idioma”. (UNICEF, 2024, p. 49)
Por último, en el ámbito de la salud, el personal sanitario suele juzgar y culpabilizar a las madres indígenas por sus prácticas tradicionales o por la desnutrición infantil, sin considerar las condiciones de pobreza extrema y la falta de acceso a agua segura que enfrentan las comunidades. Las mujeres suelen sentirse “retadas” y discriminadas por el tono de voz y la falta de respeto a su cultura, lo que las aleja de los centros asistenciales.
Desigualdad territorial y transformación ambiental
La situación actual de las comunidades wichí en el norte argentino no puede comprenderse sin atender a la profunda desigualdad territorial que caracteriza a la región del Gran Chaco. Lejos de tratarse únicamente de una brecha económica, esta desigualdad se expresa en una distribución profundamente asimétrica del acceso a recursos, servicios y oportunidades, que afecta de manera particularmente intensa a los pueblos indígenas.
En términos socioeconómicos, las provincias donde se concentra la población wichí —principalmente Salta, Formosa y Chaco— presentan algunos de los indicadores más críticos del país. Según datos del INDEC, las regiones del Noreste (NEA) y Noroeste (NOA) registran sistemáticamente niveles de pobreza superiores al promedio nacional, con valores que en distintos momentos recientes han superado el 40%. Esta situación se agrava en el caso de las comunidades indígenas, donde la pobreza adquiere un carácter estructural y multidimensional, vinculado no solo a los ingresos, sino también a condiciones de vida deficitarias (INDEC, 2024).
Uno de los aspectos más visibles de esta desigualdad es el acceso limitado a servicios básicos. Diversos estudios muestran que muchas comunidades wichí carecen de acceso regular a agua potable, sistemas de saneamiento, electricidad y atención sanitaria adecuada. Esta situación impacta directamente en la salud de la población, generando condiciones propicias para la desnutrición, enfermedades evitables y altos niveles de mortalidad infantil. Informes de UNICEF sobre comunidades del Chaco salteño evidencian que las condiciones de crianza están atravesadas por estas carencias estructurales, que condicionan el desarrollo infantil desde los primeros años de vida. (UNICEF, 2021)
En este contexto de vulnerabilidad social, la transformación ambiental del territorio ha intensificado las condiciones de exclusión. En las últimas décadas, el Gran Chaco ha sido una de las regiones con mayores tasas de deforestación del mundo, impulsada principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria, en especial para el cultivo de soja y la ganadería intensiva. Este proceso no solo implica la pérdida de biodiversidad, sino también la degradación de los ecosistemas de los cuales dependen las comunidades wichí para su subsistencia, basada históricamente en la caza, la pesca y la recolección.
A partir de estos procesos, en los últimos años se han intensificado los desplazamientos de comunidades wichí como consecuencia del avance de la frontera agrícola y extractiva en la región. En particular, la expansión del cultivo de soja transgénica y el desarrollo de actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) y, más recientemente, del litio, han promovido una reconfiguración del uso del territorio orientada a su valorización económica. Este modelo productivo no solo implica la ocupación física de tierras tradicionalmente habitadas por comunidades indígenas, sino también la transformación de los ecosistemas en los que se sustentan sus prácticas de subsistencia.
El impacto de estos procesos es múltiple. Por un lado, la deforestación reduce drásticamente la disponibilidad de recursos naturales esenciales para actividades como la caza, la pesca y la recolección. Por otro, la contaminación asociada a actividades extractivas afecta la calidad del agua, del suelo y de los alimentos, generando consecuencias directas sobre la salud de las comunidades. Finalmente, la pérdida de biodiversidad altera el equilibrio ecológico del territorio, debilitando las bases materiales y culturales sobre las que se organiza la vida comunitaria. En este sentido, el desplazamiento no es únicamente geográfico, sino también social y cultural, en tanto compromete la reproducción de los modos de vida tradicionales de las comunidades wichí. (Paz y Piselli, 2016)
En este escenario, la cuestión de la tierra adquiere una centralidad clave. La Ley 26.160, sancionada en 2006, había establecido la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas, suspendiendo los desalojos y ordenando un relevamiento territorial. Sin embargo, su debilitamiento y posterior eliminación por decreto en 2024 marcó un punto de inflexión en la protección de estos derechos. La interrupción de este marco normativo dejó a muchas comunidades en una situación de mayor vulnerabilidad frente a conflictos territoriales y posibles desalojos, reactivando tensiones históricas en la región.
En este contexto, se han intensificado los reclamos de las comunidades indígenas y de organizaciones sociales, que exigen la restitución de un marco legal que garantice la seguridad jurídica sobre sus territorios, la continuidad de los relevamientos territoriales y el reconocimiento efectivo de la propiedad comunitaria. Estos reclamos no solo apuntan a frenar los desalojos, sino también a asegurar condiciones mínimas para la reproducción de sus modos de vida, en un escenario donde la presión sobre la tierra continúa en aumento.
A su vez, persisten reclamos vigentes vinculados no sólo al acceso a la tierra, sino también a la protección de derechos fundamentales. Entre ellos se destacan las denuncias por situaciones de violencia estructural, incluyendo casos de abuso en comunidades indígenas del norte argentino, que han motivado intervenciones de organismos nacionales e internacionales. Estos hechos reflejan la persistencia de relaciones profundamente desiguales y la falta de presencia estatal efectiva en muchos territorios. (UNICEF, 2024)
El rol del Estado: políticas de desarrollo, economías comunitarias y producción artesanal
El papel del Estado en relación con las comunidades wichí ha sido históricamente ambivalente, oscilando entre la implementación de políticas de reconocimiento y desarrollo, y la persistencia de déficits estructurales en materia de inclusión territorial y social. En este marco, las políticas públicas orientadas al desarrollo local en territorios indígenas enfrentan el desafío de articular dos dimensiones muchas veces en tensión: por un lado, la integración económica y social, y por otro, el respeto por las formas de organización y las cosmovisiones propias de estas comunidades.
En términos formales, el Estado argentino reconoce derechos específicos a los pueblos indígenas a partir de la reforma constitucional de 1994, en particular a través del artículo 75 inciso 17, que establece el reconocimiento de su preexistencia étnica y cultural y garantiza el respeto a su identidad, así como el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Este reconocimiento se complementa con la existencia de programas y organismos específicos, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Sin embargo, la implementación efectiva de estas políticas ha sido desigual, especialmente en regiones periféricas como el norte del país, donde la presencia estatal suele ser fragmentaria o insuficiente.
En este contexto, las políticas de desarrollo destinadas a comunidades indígenas han tendido a concentrarse en programas de asistencia social, infraestructura básica y, en menor medida, promoción productiva. No obstante, uno de los principales límites de estas intervenciones radica en su escasa adaptación a las dinámicas territoriales y culturales locales. En muchos casos, los enfoques tradicionales de desarrollo —basados en la lógica del mercado y la propiedad individual— entran en tensión con formas de organización comunitaria que priorizan el uso colectivo de los recursos y la reproducción social antes que la acumulación económica.
Frente a estas limitaciones, han cobrado relevancia las economías comunitarias y cooperativas como estrategias alternativas de desarrollo. Estas experiencias, impulsadas en muchos casos por las propias comunidades, buscan generar ingresos sin desvincularse de sus prácticas culturales ni de su relación con el territorio. Se trata de iniciativas que combinan producción, organización colectiva y valorización de saberes tradicionales, configurando formas de inserción económica más acordes a sus modos de vida.
Dentro de este universo, la producción artesanal ocupa un lugar central. Las artesanías wichí —particularmente el trabajo con fibras vegetales como el chaguar— no solo constituyen una fuente de ingresos, sino también una expresión identitaria y cultural profundamente arraigada. En los últimos años, algunas iniciativas han logrado ampliar sus circuitos de comercialización, articulando con mercados urbanos y empresas, lo que permite mejorar las condiciones económicas de las comunidades sin perder su base cultural.
Un ejemplo significativo es el desarrollo de la marca Lhaka, impulsada por mujeres wichí y fondos privados, que ha logrado posicionar sus productos en circuitos comerciales más amplios. Este tipo de experiencias muestra cómo las economías comunitarias pueden dialogar con el mercado sin quedar completamente subordinadas a él, generando formas de desarrollo más inclusivas y sostenibles.
Conclusión
La conclusión de este análisis sobre la realidad del pueblo wichí pretende trascender la mera descripción de carencias para proponer una hoja de ruta hacia la reparación histórica y la justicia social. La verdadera oportunidad de transformación radica en desmantelar la matriz de racismo estructural y colonialidad del poder que aún impera en las instituciones del Estado, donde la identidad indígena es frecuentemente tratada como un “problema” a asimilar o eliminar, en lugar de una riqueza cultural preexistente con la cual se pueden tender puentes y compartir aprendizaje. Superar la invisibilidad y el racismo institucional que niega los derechos territoriales y humanos básicos de las comunidades debe ser una tarea constante, pues las vulneraciones a estos derechos no son casuales, sino que surgen de la teoría de colonialidad del poder, planteada por Aníbal Quijano, quién sostiene que la conquista de América sentó las bases del capitalismo referenciado en europa como modelo a seguir y se instaura así un patrón de dominación mundial, que se sostiene sobre la clasificación social de la población entre seres civilizados e incivilizados, inferiores y no inferiores, organizando de esta manera al sistema capitalista. (Flores Klarik, 2023)
En las instituciones, la educación debe transformarse en un espacio de refugio para las comunidades, garantizando el bilingüismo, superando las barreras de aprendizaje y abrazando la interculturalidad, que supone el encuentro en que ambas partes contienen saberes que van a intercambiarse y por el cual serán enriquecidos. Se deben mantener los espacios de diálogo entre las autoridades comunitarias y los referentes estatales, promover la participación de los miembros de la comunidad en el diseño y la ejecución de los proyectos y reconocer que en algunas comunidades hay personas que hablan mayoritariamente la lengua originaria, por lo cual se deben buscar estrategias de comunicación alternativas a la lectoescritura, además de los traductores bilingües.
Este trabajo intercultural también debe prevalecer a la hora de asimilar los delitos cometidos en el nombre de una “práctica cultural”, y construir espacios seguros para las adolescentes, quienes además de sufrir violencia sexual, han sido víctimas de uniones tempranas. En Argentina, el 4,7% de las niñas se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años. Salta se ubica en el octavo lugar respecto de la tasa de matrimonio y uniones infantiles, que refleja la cantidad de niñas de 14 a 18 años que conviven en pareja o matrimonio. La tasa provincial es del 5%. y se concentra en los departamentos de San Martín y Rivadavia, con las mayores frecuencias relativas de niñas unidas en casamiento o convivencia. En relación a las estadísticas vitales, durante el período 2015-2018, Salta presenta uno de los números más altos de niñas madres menores de 15 años que viven en matrimonio o convivencia. (Fundación para estudio e investigación de la mujer [FEIM], 2021)
Por otro lado, la atención de las necesidades básicas de las comunidades supone un desafío mayor, que implica que el estado tome una posición de garante sobre los territorios ocupados y las comunidades desplazadas. Es decir, una ley de emergencia que detenga los desplazamientos forzados y que proteja la propiedad comunitaria, amparándose en la ley 26.160, para frenar los desalojos, que fueron permitidos después de la derogación de su prórroga, por parte del gobierno nacional, en el año 2024. El objetivo principal de la ley era llevar a cabo un relevamiento jurídico, técnico y catastral que permita identificar los territorios que poseen las comunidades indígenas en Argentina.
Sin embargo, en los 18 años transcurridos, el Estado no cumplió con ese cometido. Según un reciente pronunciamiento de la CIDH, de las 1.881 comunidades indígenas identificadas oficialmente en el país -el decreto hace referencia a 1.626 -, el 47 por ciento del total aún no accedió al relevamiento territorial correspondiente. La intención del Gobierno de eliminar la ley era un secreto a voces desde hace meses y ya contaba en el Congreso con un proyecto del diputado y jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto.
Para las comunidades originarias el territorio no es solo una mercancía, sino la base de su vida social, económica y espiritual, y su pérdida es la causa directa de la actual emergencia alimentaria. No es descabellado pensar una protección extra para estos territorios, pues los modelos constitucionales de Bolivia y Ecuador, demuestran que es posible proteger estos territorios al priorizar los bienes comunes y el buen vivir por sobre la propiedad privada absoluta. Estos países reconocen que la propiedad relacional y social se puede dar siempre y cuando las comunidades gestionen los recursos de forma compartida. Los servicios ambientales no pueden ser apropiados y la sociedad debe vivir en armonía con la Pachamama (Madre Tierra, según la cosmovisión andina). Este marco legal obliga al estado a promover formas de producción comunitarias y cooperativas, desincentivando aquellas que atenten contra los derechos de los pueblos o de la naturaleza. (Carrera y Murillo, 2022)
La CIDH tampoco ha sido indiferente respecto al tema, por ello, en el caso “Comunidad Lhaka Honhat vs. Argentina” de 2020 la Corte responsabilizó a la Argentina por un conjunto de vulneraciones de derechos indígenas y destacó la inexistencia de seguridad jurídica en el país para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos sobre los territorios. (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2020). Los ejemplos de los países vecinos demuestran que, con la decisión política de cambiar la estrategia del estado, se puede pasar de un modelo de exclusión a uno de diálogo intercultural y justicia territorial. De esta manera, se permitiría que los pueblos wichis recuperen su soberanía sobre el monte y sus vidas.
En cuanto a la salud e infraestructura hídrica, la situación en algunos departamentos (Orán, San Martín y Rivadavia) es de emergencia sanitaria crítica, debido a las muertes infantiles a causa de la desnutrición y la falta de servicios básicos. Las transformaciones vinculadas al monocultivo de la soja, provocaron la deforestación de grandes superficies de monte nativo cambiando el ciclo natural del ecosistema, generando sequías extremas y alterando los ciclos hídricos.
Las respuestas del estado han sido en su mayoría, temporales. Medidas de corto plazo que no modifican el entorno, sino que intentan mitigar las consecuencias sanitarias sin resolver el problema de fondo. Una inversión en infraestructura, en cumplimiento de los fallos internacionales que obligan al estado a realizar soluciones de fondo con la construcción de pozos de agua en comunidades críticas (ej. Santa Victoria Este) para garantizar el suministro permanente de las comunidades y prevenir la recurrencia a otras fuentes muchas veces contaminadas. En la misma línea, la redirección estratégica de los fondos estatales, es decir, cambiar la lógica del “asistencialismo” en la entrega de bolsones o módulos alimentarios, por una inversión estratégica en infraestructura, vivienda digna y saneamiento. Esto permitiría crear las bases materiales para una autonomía comunitaria sin aumentar el gasto público total. Implica transformar una política de emergencia a una reparación histórica.
En el desarrollo de su economía, en línea con la cuestión del asistencialismo pasivo, encontramos casos de éxito que demuestran que una inversión planificada e intencionada puede generar impacto positivo en las comunidades. Experiencias como la cooperativa textil Lhaka, demuestran que, con infraestructura y capacitación, las comunidades wichí pueden ser actores productivos de alto nivel y abastecer mercados nacionales con estándares de calidad ISO 9001. (Lhaka Honhat Asociación de Comunidades Aborígenes, s.f.). Catalina Rojas, asistente social que estuvo a cargo de este proyecto entre la comunidad wichí abanderando este proyecto de trabajo y dignidad, señaló:
“Lhaka es producción, empleo, valor y desarrollo real. Durante décadas se nos hizo creer que ciertas poblaciones eran irrecuperables, que no podían producir, competir ni sostenerse sin asistencia. Esta comunidad demostró que una de las etnias más postergadas del país, con los índices sociales más críticos, puede transformarse en un actor productivo de alto nivel, capaz de abastecer a empresas líderes del mercado nacional, cumpliendo normas de calidad, eficiencia y organización”. “Todo el tiempo otros caciques nos dicen: Nosotros también sabemos y queremos trabajar” (Álvarez, L, 2025)
Las soluciones a la problemática de las comunidades wichí implican, reconocer lo que ha sido dañado y escuchar genuinamente a las comunidades, garantizando que su monte, su lengua y sus cuerpos dejen de ser tratados como territorios de explotación y despojo, y en su lugar puedan ser considerados como agentes productivos que realizan desde artesanías con técnicas ancestrales y de desarrollo sostenible que se venden en mercados Europeos, hasta productores industriales que cumplen estándares de calidad como cualquier empresa de gestión privada. (Fundación Gran Chaco, 2026).
Referencias
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