La apertura del 81.° período de sesiones de la Asamblea General este 8 de septiembre de 2026, presidido por el diplomático Khalilur Rahman, se presenta bajo la consigna de “Restaurar la confianza y gestionar la transformación”. Sin embargo, este período se desarrolla en un entorno dominado por una crisis de gobernanza global y fallas estructurales, como la asignación de mandatos y la solvencia financiera de los Estados miembros.

El sistema multilateral creado tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa un cuestionamiento de legitimidad y eficacia derivado de una política de distanciamiento y abandono de espacios clave por parte de sus miembros. Esto se evidencia en la política exterior de la administración de Donald Trump —marcada por el repliegue estratégico y la desvinculación formal de instrumentos y organismos clave como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la UNESCO, así como por la hostilidad abierta hacia la Corte Penal Internacional—. Dichas políticas han privado al sistema internacional de su principal fuente de respaldo político y financiero.

La estructura del Consejo de Seguridad de la ONU, que mantiene un anacronismo de 1945, no refleja el peso demográfico, económico ni la diversidad del siglo XXI, provocando tensiones constantes entre el Norte y Sur Global. Regiones enteras como África y América Latina y el Caribe carecen de representación permanente con derecho a veto en el Consejo de Seguridad (CS), a pesar de que el continente africano concentra la gran mayoría de las misiones de paz de la organización (en 2018, más del 70% de las resoluciones concernían directamente a la paz y seguridad en África) (Castaneda, 2026)

Este repliegue estratégico ha generado un vacío de poder que acelera una transición hacia un escenario de anomia y fragmentación de la ONU. En este contexto, las grandes potencias prescinden cada vez más del arbitraje normativo, vulneran de forma flagrante el derecho internacional mediante intervenciones militares, provocan crisis humanitarias y ejercen una coerción directa aprovechando su influencia política, económica y tecnológica.

A este panorama político se suma una crisis financiera sin precedentes. Para septiembre de 2026, la Secretaría de la ONU prevé recortes importantes tanto en su presupuesto como en su plantilla por los constantes atrasos de los Estados miembros. Estados Unidos redujo de forma drástica sus fondos en 2025. Sumado a que otros estados miembros como China, Brasil, Japón, India, la Federación Rusa, y la mayoría del Sur Global mantienen desde hace varias décadas retrasos recurrentes en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Crisis de legitimidad: el Consejo de Seguridad de la ONU

La ONU nació tras los horrores de las dos guerras mundiales con el objetivo de evitar nuevas atrocidades y proteger los derechos fundamentales. Sin embargo, los principios de su Carta constitutiva dependen exclusivamente de la colaboración real entre sus Estados miembros. A 81 años de su fundación, la experiencia demuestra que el reparto del poder acordado a mediados del siglo XX ha dejado de ser funcional para la inestabilidad actual. Hoy, la capacidad de veto de algunos miembros permanentes no equilibra las tensiones globales, sino que bloquea de manera reiterada la capacidad de respuesta de la organización frente a las crisis. En consecuencia, el Consejo de Seguridad se ha convertido en un foro de rivalidad geopolítica estancado por vetos cruzados y de revancha entre las potencias occidentales (EE. UU., Reino Unido y Francia) y el bloque asiático (Rusia y China). Esto ha impedido misiones de mediación efectivas en la guerra de Rusia-Ucrania, el conflicto Ruanda-República Democrática del Congo, o la contención de atrocidades en Gaza, Myanmar, Haití y Sudán.

El conflicto entre Rusia y Ucrania refleja un ejemplo de la disfuncionalidad del CS de la ONU. Frente al uso contemporáneo de la fuerza, el Derecho Internacional dispone de normas jurídicas aplicables. Sin embargo, la capacidad de respuesta del órgano encargado de preservar la paz y seguridad queda condicionada y limitada por el derecho de veto de un miembro permanente, directamente involucrado en el conflicto. Esto ha limitado la capacidad del consejo de seguridad para articular respuestas colectivas. El veto ejercido por Rusia actúa bloqueando cualquier iniciativa que pueda contrarrestar su posición geopolítica y estratégica en Ucrania.

En Gaza el fenómeno responde a una misma lógica, aunque con un mecanismo diferente. En este contexto, Israel, respaldado por un miembro permanente del CS y frente a toda la comunidad internacional, ha cuestionado reiteradamente el papel de la ONU en casi todos sus ámbitos. Desde 2023 han fracasado los esfuerzos para gestionar la crisis y mediar la paz, obstaculizando intencionalmente el acceso de ayuda humanitaria a la población civil (Human Rights Watch, 2025). Una acusación de colaboración entre una agencia de la ONU con Hamás fue suficiente para restringir las operaciones de la ONU en el terreno y ejercer presión a los países dominantes para reducir o frenar su financiación. (Noticias ONU, 2024)

Estos casos son una expresión más de la marginación del principio de seguridad colectiva de la ONU, evidenciando una brecha significativa entre el diseño jurídico previsto en la Carta de las Naciones Unidas y el funcionamiento real del CS en la política internacional. Refleja una misma lógica, cuando el multilateralismo entra en conflicto con intereses políticos de los estados dominantes, las instituciones internacionales se vuelven incapaces de cumplir las funciones para las que fueron creadas. Los Estados conservan la capacidad de paralizar mecanismos institucionales, bloquear decisiones o privar de recursos a las organizaciones para limitar su funcionamiento. El personal humanitario, protegido por el derecho internacional humanitario pasa a ser objeto de campañas de deslegitimación, restricciones e incluso criminalización. La incapacidad del sistema compromete su legitimidad institucional y afecta directamente a quienes dependen de él en momentos de mayor vulnerabilidad.

Deterioro del régimen comercial multilateral: la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Entre las funciones de la Organización Mundial del Comercio—junto con la vigilancia comercial y el arbitraje de disputas entre Estados miembros— se encuentra el foro de negociación, el cual proporciona un espacio de conciliacion para que los gobiernos puedan dirimir conflictos y consolidar acuerdos arancelarios o aduaneros. El régimen económico encarnado por la OMC se encuentra severamente debilitado debido a la decisión de EE.UU. de bloquear desde 2016 la designación de miembros de su órgano de apelación, el sistema de Solución de Diferencias (SSD) y de cuestionar la cláusula de la nación más favorecida (NMF) (Halperin, 2026). El principal argumento es que el órgano se habría extralimitado en sus funciones y no habría protegido los intereses nacionales. El primer antecedente de este comportamiento se remonta a 2011, cuando la administración de Obama bloqueó el renombramiento de un juez. Años más tarde, la práctica fue retomada por Donald Trump.

Desde entonces la falta de voluntad colectiva ha generado un vacío institucional que impide el procedimiento de solución de controversias. Actualmente, los estados pueden apelar un fallo del grupo especial, pero, al no existir una instancia de apelación operativa el litigio queda suspendido indefinidamente, debilitando la capacidad del sistema para garantizar el cumplimiento efectivo de sus normas. Un claro ejemplo ha sido la disputa con China, en la guerra económica por los aranceles. Además, solicitó formalmente incorporarse a las consultas que Brasil inició ante la OMC por las sobretasas arancelarias aplicadas por Estados Unidos. Desde ambos gobiernos, sostienen que las medidas tienen motivaciones políticas, discriminatorias y violan las normas que regulan el comercio internacional. En su lugar, EE.UU. ha impuesto una fase de “comercio administrado” y “reciprocidad condicional”

Un particular ejemplo de esta imposición asimétrica son los acuerdos comerciales bilaterales firmados a comienzos de 2026 por EE.UU. con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala. Estos tratados obligan a los países latinoamericanos a sumarse a represalias comerciales estadounidenses contra terceros Estados, incluso cuando no sufrieran perjuicios propios, otorgan trato nacional y no recíproco irrestricto a los servicios digitales de EE. UU., renunciando al derecho de imponer gravámenes o sanciones fiscales y consagran la libre exportación de datos de usuarios locales hacia servidores norteamericanos sin condiciones de uso (Halperin, 2026)

Necesidad de representación: propuestas de reforma del Consejo de Seguridad (G4)

La evidente subrepresentación de regiones como África, América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad exige evaluar la fórmula que ofrece el G4. El G4 (Grupo de los Cuatro) —integrado por Alemania, Brasil, India y Japón— plantea un modelo adaptado a la realidad geopolítica contemporánea que atiende el roce entre la necesidad de representación regional y la rigidez del derecho a veto de las potencias dominantes.

A través del proyecto de resolución A/59/L.64, el G4 plantea una estrategia basada en tres ejes: En primer lugar, aumentar en 10 miembros la composición del Consejo de Seguridad de la ONU para pasar de los 15 actuales a 25 integrantes en total. Esta ampliación se estructuraría mediante la incorporación de 6 nuevos miembros permanentes y 4 nuevos miembros no permanentes. La distribución por regiones del mundo que propone el proyecto es la siguiente:

Distribución de los nuevos miembros permanentes (6 en total):

• África: 2 Estados
• Asia: 2 Estados
• América Latina y el Caribe: 1 Estado
• Europa Occidental y otros Estados: 1 Estado

Cabe destacar que los propios países del G4 —Alemania, Brasil, India y Japón— se apoyan recíprocamente como candidatos para ocupar estas plazas permanentes.

 Distribución de los nuevos miembros no permanentes (4 en total):

• África: 1 Estado
• Asia: 1 Estado
• Europa Oriental: 1 Estado
• América Latina y el Caribe: 1 Estado

En segundo lugar, el plazo del veto como táctica: conscientes de que los miembros permanentes actuales no cederán su monopolio del veto, el G4 propone que los nuevos miembros permanentes tengan las mismas responsabilidades, pero no ejerzan el derecho de veto durante un periodo transitorio de 15 años, hasta que se realice una revisión formal. Esta es una fórmula intermedia diseñada para desactivar la resistencia inmediata de los 5 miembros permanentes (Batule, 2021)

Por último, la legitimidad basada en capacidades reales: en una actualidad política que valora el poder duro y blando, los miembros del G4 justifican su ingreso con base en sus contribuciones:

• Alemania y Japón se presentan como gigantes económicos y de los mayores contribuyentes financieros y humanitarios de la ONU.
• La India aporta su peso demográfico (la democracia más grande del mundo), su estatus de potencia nuclear civil y su rol líder en misiones de paz.
• Brasil pretende representar a América Latina y el Caribe, promoviendo el nexo entre seguridad y desarrollo.

El principal obstáculo que afronta la propuesta del G4 es que cualquier enmienda a la Carta de la ONU requiere, según el artículo 108, la ratificación de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General, incluidos todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esto otorga a cada uno de los miembros permanentes un veto absoluto sobre la reforma, desencadenando vetos geopolíticos. Tal es el caso de China, cuya oposición a la candidatura de Japón está condicionada por conflictos territoriales activos, como la disputa por las islas Senkaku/Diaoyu. Por su parte, Estados Unidos prefiere una reforma muy limitada —a un máximo de dos miembros permanentes sin derecho a veto— con el objetivo de preservar la operatividad y evitar que se torne “inútil”. En esta línea, EE.UU. se ha opuesto a la candidatura de Alemania bajo el argumento de que Europa ya goza de una representatividad desproporcionada y además cuenta con una política exterior en común con la Unión Europea. En contraste, la postura de Rusia responde al temor de que un órgano ampliado limite su capacidad de influencia geopolítica, priorizando la integridad de su estatus. Curiosamente, las potencias europeas del P5, Francia y el Reino Unido, se han mostrado más receptivas, otorgando un respaldo al proyecto global del G4.

A este complejo panorama se suma la oposición del grupo “Unión para el Consenso” (históricamente conocido como el Coffee Club). Esta coalición de potencias medias —liderada por actores regionales como Argentina, México, Italia y Pakistán— bloquea activamente las aspiraciones del G4, rechazando la consolidación eterna de sus rivales vecinos (Brasil, Alemania e India) en puestos de poder permanente. En su lugar, abogan por una fórmula alternativa basada exclusivamente en la expansión de miembros no permanentes con rotación regional, orientada a garantizar una participación plural (Novosseloff, 2008)

En definitiva, la iniciativa del G4 se halla en un estancamiento estructural. Este bloqueo evidencia que la falta de convergencia estratégica y la primacía de los intereses nacionales continúan condicionando la eficacia de la gobernanza global en materia de paz, seguridad y derechos humanos.

La asfixia financiera de la ONU

La crisis financiera de la ONU es dramática y se explica por dos factores fundamentales: una vulnerabilidad estructural en su diseño de ingresos y un repliegue presupuestario sin precedentes por parte de su principal contribuyente.

Vulnerabilidad estructural y morosidad de los Estados: el modelo de financiamiento de la ONU es inherentemente inestable debido a que más del 60% de sus recursos provienen de contribuciones voluntarias específicas. Esta dependencia de aportaciones discrecionales limita la autonomía de la toma de decisiones del Secretariado y supedita la agenda global a las prioridades políticas de los donantes (Ayuso, 2023). Adicionalmente, existe una arraigada práctica de morosidad o ingeniería financiera caracterizada por retrasos sistemáticos y promesas incumplidas en el pago de las cuotas obligatorias por parte de potencias como China, Brasil, India, Japón, la Federación Rusa, miembros de la Unión Europea y gran parte del Sur Global.

Los recortes drásticos de Estados Unidos: tras el inicio de su segundo mandato el 20 de enero de 2025, la administración de Donald Trump ejecutó recortes masivos en las contribuciones, entre ellas una reducción del 22% del presupuesto de la ONU, un 43% de la ayuda al desarrollo, un 67% de las partidas para misiones de paz y un 34% del financiamiento de agencias, fondos y programas (Serrano, 2025). Sumado a estos recortes, la inacción colectiva ante el vacío de recursos, pues ningún otro Estado miembro se ha comprometido a cubrir total o parcialmente este déficit presupuestario, lo que ha empujado a la organización a una creciente presión financiera y deterioro de sus capacidades operativas.

Consecuencias operativas y estancamiento de misiones

La falta de liquidez ha forzado al Secretariado a proyectar y aplicar una drástica reducción de sus capacidades en el transcurso del año 2026, entre ellas:

• Reducción masiva de personal: se contempla un recorte de entre el 25% y el 28% del personal del Secretariado para finales de 2026.
• Cancelación de proyectos de desarrollo y ayuda: la ONU se ha visto forzada a cancelar entre 230 y 500 proyectos en países en desarrollo, que abarcan desde campañas esenciales de vacunación infantil y el sostenimiento de campos de refugiados, hasta la provisión de auxilio alimentario y asistencia estructural en comunidades de alto riesgo y Estados fallidos.
• Parálisis de conferencias y presencia local: se prevé una disminución del 40% al 50% en el apoyo logístico para conferencias y encuentros multilaterales (en áreas como cambio climático, propiedad intelectual o legislación comercial), junto con la eliminación de entre 23 y 40 centros de información y enlace en todo el mundo (Serrano, 2025)

Este panorama de austeridad forzada paraliza las funciones cotidianas en salud pública, seguridad alimentaria, preservación ambiental y verificación de acuerdos de paz.

La iniciativa ONU80: reforma del sistema y modernización

Presentada en marzo de 2025 por el Secretario General António Guterres, la iniciativa ONU80 es un ambicioso esfuerzo transversal que busca modernizar y racionalizar la organización. Se trata de una estrategia para lograr que la ONU sea financieramente sostenible y organizativamente más fuerte en el cumplimiento de sus responsabilidades bajo la carta fundacional.

El núcleo de la Iniciativa ONU80 se estructura en tres grandes vías de trabajo:

• Primera vía: mejora de la eficiencia interna y desburocratización. Está enfocada en simplificar los procedimientos administrativos de la Secretaría, eliminar duplicidades de funciones y optimizar la presencia mundial de la ONU trasladando ciertas operaciones administrativas a oficinas en destinos de menor costo.
• Segunda vía: revisión de mandatos mediante inteligencia artificial. A lo largo de sus ocho décadas de existencia, la ONU ha acumulado al menos 40,000 mandatos (directivas de los Estados miembros que ordenan desde misiones de paz hasta acción climática), muchos de los cuales se solapan, están duplicados o han quedado obsoletos. La Iniciativa ONU80 contempla la revisión de un núcleo de casi 4,000 mandatos activos. A diferencia de intentos fallidos de reforma previos (como el de 2006), esta vez se están aplicando técnicas de inteligencia artificial y capacidades analíticas avanzadas para organizar y procesar estos datos de forma clara y presentárselos a los Estados miembros, quienes tienen la responsabilidad exclusiva de decidir qué mandatos mantener, fusionar o abolir.
• Tercera vía: reajuste estructural de la arquitectura del sistema. Esta corriente se proyecta a más largo plazo y busca reajustar los programas y simplificar la elaborada y complicada arquitectura institucional de la organización que se ha consolidado con el tiempo (Organización de las Naciones Unidas, 2025).

Asimismo, el Secretario General estableció siete grupos de trabajo temáticos liderados por altos funcionarios de la organización que cubren los pilares fundamentales del sistema, entre ellos: paz, seguridad, acción humanitaria, desarrollo, derechos humanos, etc. Cada grupo deberá presentar propuestas de optimización y reajuste de roles, demostrando eficacia y rentabilidad funcional. Los resultados serán determinantes para reestructurar el sistema de las Naciones Unidas.

Todo ello ocurre en un contexto de incertidumbre ante la próxima sucesión de la Secretaría General, dado que el segundo mandato de António Guterres concluirá formalmente el 31 de diciembre de 2026. Esto abre el proceso de selección que deberá culminar durante el presente periodo de sesiones de la Asamblea General en Nueva York, con el objetivo de que el nuevo titular asuma el cargo en enero de 2027.

De la seguridad colectiva a la gestión de la fragmentación

Más allá de los recortes presupuestarios y el obstáculo del derecho de veto, el desafío actual de la ONU revela una mutación en la naturaleza misma del orden internacional. El modelo diseñado en 1945 asumía un compromiso real con el principio de seguridad colectiva; sin embargo, los conflictos entre grandes potencias, el repliegue estratégico y sus influencias han desplazado ese horizonte normativo hacia una realidad en donde las instituciones de cooperación resultan accesorias para los centros de poder.

En este difícil panorama, los esfuerzos de mitigación como la Iniciativa ONU80 actúan para contener el colapso operativo y la insolvencia, pero resultan insuficientes para resolver una crisis de legitimidad. Si la Asamblea General y la nueva figura al frente de la secretaría general no logran articular un consenso que resuelva el anacronismo del Consejo de Seguridad y garantice la representatividad del sur global frente a la rigidez del P5, el multilateralismo corre el riesgo de seguir debilitandose, quedando relegado a un papel de espectador diplomático, ante un sistema internacional fragmentado e inestable.

Referencias

Ayuso, A. (2023). El futuro de las Naciones Unidas frente a la reconfiguración del orden global. Tiempo de Paz (150).

Batule, E. A. (2021) El G4. Universidad Católica de Salta. Facultad de Ciencias Jurídicas. https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/ark:/49597/ntbrzmr39v

Castaneda, M. (2026). A representative United Nations Security Council: is Input Legitimacy Sufficient?. St. Antony’s International Review, 21(1). https://doi.org/10.82556/stair.v21i1.604

Halperin, M. (2026). América Latina en riesgo: dependencia tecnológica y multilateralismo ausente. Revista Aportes Para la Integración Latinoamericana, 54, e067. https://doi.org/10.24215/24689912e067

Human  Rights  Watch.  (2025).  Israel  and  Palestine.  En  World  Report  2025. https://www.hrw.org/es/world-report/2025/country-chapters/israel-and-palestine

Noticias ONU. (2024). UNRWA denuncia que la campaña de desinformación de Israel “incita al odio” y pone en peligro a su personal. https://news.un.org/es/story/2024/12/1534896

Novosseloff, A. (2008). The Role of Emerging Countries in the United Nations. Christophe Jaffrelot (comp.), Emerging States: The Wellspring of a New World Order, París, Presses de Sciences Po, 231-243.

Organización de las Naciones Unidas. (2025, 24 de junio). Iniciativa ONU80: ¿Qué es y por qué es importante para el mundo? Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2025/06/1539766

Serrano, A. S. (2025). Las Naciones Unidas ante los retos del siglo XXI. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 11(2), 1–11.