La arquitectura de la salud global se encuentra atravesando una grieta histórica que redefine los vectores tradicionales de la diplomacia. Las instancias plenarias y las sesiones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) suelen ser presentadas ante la opinión pública global como triunfos del multilateralismo, caracterizados por declaraciones de fraternidad técnica, agendas de cooperación internacional y compromisos financieros. Sin embargo, detrás del decorado diplomático de Ginebra, la salud pública internacional no opera bajo las leyes de la filantropía, sino bajo las reglas estrictas del realismo político, el interés nacional y la economía política global de mercado.

La crisis sanitaria global luego de la propagación del COVID-19 desnudó una verdad incómoda que las teorías de las relaciones internacionales intentaron matizar durante décadas: en el orden internacional contemporáneo, la capacidad de supervivencia biológica de las poblaciones está sujeta a la posición relativa que un Estado-nación ocupa en la cadena global de valor y en la jerarquía del poder político y tecnológico.

El centro de las disputas diplomáticas y macroeconómicas actuales radica en la confección, redacción y eventual ratificación jurídica del denominado “Tratado de Pandemias” (Acuerdo de Pandemias), lo que formalmente se promociona en los organismos de las Naciones Unidas como un instrumento legal de carácter vinculante diseñado para corregir las fallas estructurales del pasado y evitar las asimetrías distributivas; en la praxis geopolítica se ha transformado en una guerra de trincheras ideológica, jurídica y comercial entre dos bloques históricos claramente definidos.

Por un lado, el Norte global, compuesto por las potencias industriales de Occidente que albergan los derechos de propiedad intelectual, las casas matrices de los grandes conglomerados farmacéuticos y el capital financiero transnacional; por el otro, el Sur global constituido por las naciones en desarrollo que han operado históricamente como proveedoras de datos epidemiológicos en tiempo real, recursos biológicos y, fundamentalmente, como la franja poblacional que absorbe los impactos letales del desabastecimiento, la dependencia tecnológica y la exclusión de los mercados sanitarios.

El presente artículo analiza este conflicto multidimensional desde una perspectiva crítica de las relaciones internacionales. Se argumenta que el concepto de soberanía sanitaria ha emergido en el debate contemporáneo como un mecanismo de autodefensa estructural e indispensable de los países de la periferia frente a la repartición de vacunas en tiempos de crisis que caracterizó la última emergencia internacional. A través del análisis de tres ejes fundamentales de tensión que bloquean los consensos en las mesas de negociación: la gobernanza de la propiedad intelectual, el estatuto extractivo de los datos de patógenos y los mecanismos de financiamiento soberano, se demostrará cómo la OMS se ha convertido en un tablero de ajedrez donde las potencias occidentales intentan preservar el statu quo regulatorio del mercado farmacéutico, mientras que las coaliciones de Estados del Sur buscan redefinir de manera integral las reglas del juego global.

Soberanía sanitaria y el rol de las relaciones internacionales

La soberanía sanitaria se define como “la capacidad autónoma de un Estado para diseñar políticas públicas, producir insumos esenciales (medicamentos y vacunas) y garantizar el acceso equitativo a la salud de su población sin condicionamientos externos”. En ese contexto, las relaciones internacionales juegan un papel fundamental en cómo el orden político internacional y el accionar frente a las necesidades sanitarias mundiales y nacionales se desarrollan. En mayo de 2025, en la 78.ª Asamblea Mundial de la Salud, los 194 estados miembros de la OMS redactaron y negociaron un acuerdo en conjunto para garantizar que las comunidades, los gobiernos y todos los sectores de la sociedad, tanto dentro de cada país como a escala mundial, estuvieran mejor preparados y protegidos para prevenir futuras pandemias y para hacerles frente de forma más equitativa.

Con ambos conceptos planteados surge el cuestionamiento: ¿Estamos trabajando mundialmente para erradicar la desigualdad de acceso al equipo y tecnología suficientes para defendernos de futuras catástrofes sanitarias o es solamente un acuerdo de palabra para mantener a la sociedad pasiva ante el orden mundial y las desigualdades del norte y sur global?

Tradicionalmente, la gobernanza de la salud global ha sido abordada de manera hegemónica por el institucionalismo neoliberal (Keohane, 1984), una corriente teórica que argumenta que las organizaciones internacionales de carácter multilateral actúan como facilitadoras de la cooperación interestatal, reduciendo sustancialmente los costos de transacción y resolviendo las fallas de información entre Estados racionales que enfrentan amenazas transnacionales comunes. Desde esta perspectiva idealizada, la OMS funcionaría como un árbitro neutral que coordina la provisión de bienes públicos globales ante crisis que desbordan las fronteras soberanas.

Sin embargo, los resultados empíricos de las últimas cumbres mundiales y la parálisis de las negociaciones actuales validan con mayor precisión y agudeza las premisas de las teorías críticas y, de manera muy particular, la teoría de la dependencia y el análisis de los sistemas-mundo (Prebisch, 1950; Wallerstein, 1974). El orden mundial, lejos de ser una red horizontal de cooperación institucional, sigue estructurado en una división internacional del trabajo donde el centro ejerce el control monopólico del capital y la tecnología, mientras que la periferia provee materias primas y sufre las externalidades negativas del sistema. En este marco de asimetría, el concepto de soberanía sanitaria surge como una respuesta tanto teórica como política a la condición de dependencia estructural.

En el contexto de las negociaciones multilaterales de Ginebra, la soberanía sanitaria colisiona de forma directa con el régimen global de propiedad intelectual privatizada. Este régimen fue consolidado a nivel global mediante la firma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a mediados de la década de 1990. Pero cuestionar si este marco internacional no fue diseñado para maximizar la innovación global ni el bienestar humano, sino para resguardar las rentas monopólicas de las industrias intensivas de los países avanzados, es clave para países en desarrollo.

Por ende, la disputa actual en torno al Tratado de Pandemias en la Asamblea de la OMS no constituye un debate técnico, procedimental o administrativo; representa una lucha eminentemente soberana y política por determinar quién posee el derecho legal y legítimo de fabricar, reproducir y distribuir a escala los insumos y tecnologías que salvan vidas durante una crisis humanitaria global.

Asimetrías estructurales y resistencia en el Sur global

Mientras el Norte global prioriza la seguridad biológica y la protección de su capital, el Sur global lucha por la supervivencia material y la justicia distributiva. Pero el mapa geopolítico de la salud global post-Asamblea ya no se divide únicamente a través de la clásica frontera entre el Norte y el Sur, sino que se encuentra fracturado por una profunda grieta ideológica transnacional. El fenómeno del repliegue institucional, inaugurado en la periferia por la salida de la Argentina de la OMS, se inscribe en una corriente global de “prioridad nacional” y escepticismo hacia los organismos multilaterales. Este bloque de Estados impugna la gobernanza de la OMS bajo la premisa de que el Acuerdo de Pandemias constituye una herramienta de coacción “globalista” que vulnera la soberanía jurídica de las naciones; este boicot se traduce en la negativa a financiar los fondos comunes y en el rechazo a los mecanismos de auditoría epidemiológica internacional.

En el marco de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud se aprobó este viernes de manera unánime la salida definitiva de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, que no solo supone la posición del gobierno argentino sino la de muchos países que silenciosamente han dejado de aportar a la organización, priorizando objetivos nacionales.

Del otro lado de la grieta, Pedro Sánchez posicionó a España en la Asamblea, donde instauró la necesidad de generar una respuesta multilateral basada en la salud global haciendo frente a los discursos de “prioridad nacional”. Sánchez situó a España en la “posición política opuesta a quienes utilizan la soberanía para destruir” y nos evidencia la grieta alrededor del tratado.

Patentes vs. Acceso Equitativo

El principal punto de quiebre y parálisis geopolítica en las sesiones y mesas de redacción de la post-Asamblea se concentra en la obligatoriedad de la transferencia de tecnología y la flexibilización de los regímenes de patentes farmacéuticas. Durante los ciclos de negociación del borrador del Tratado de Pandemias, las delegaciones del Sur global han mantenido una postura unificada y firme: el nuevo instrumento vinculante debe incorporar cláusulas mandatorias que obliguen a las corporaciones transnacionales a liberar de forma temporal o definitiva sus derechos de patente y, fundamentalmente, sus conocimientos técnicos operativos en caso de que el Director General de la OMS declare una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

La respuesta del bloque de naciones del Norte global, liderado activamente por Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Suiza y Japón, países que operan como sedes corporativas y fiscales de las principales corporaciones farmacéuticas y biotecnológicas del planeta, ha sido una resistencia sistemática y coordinada. El argumento corporativo corporativizado por estos Estados sostiene que la protección irrestricta, rígida y previsible de la propiedad intelectual constituye el único motor real capaz de incentivar la inversión y la innovación científica de alto riesgo; bajo esta premisa, sin la promesa legal de exclusividad monopólica de mercado, las compañías farmacéuticas privadas carecerían de incentivos económicos para invertir en el desarrollo de nuevas plataformas de vacunación.

La dinámica actual configura un escenario de injusticia distributiva global donde se produce la privatización corporativa de las ganancias y la socialización estatal y global de los riesgos financieros. Los países de la periferia terminan pagando doblemente el costo del desarrollo científico: primero, mediante su exclusión del acceso inmediato debido a la falta de capacidades locales protegidas por patentes internacionales, y segundo, al tener que someterse a los precios de monopolio y racionamiento dictados de manera unilateral por los directorios de las multinacionales farmacéuticas.

Las sesiones de negociación de la Asamblea han dejado al descubierto que la diplomacia de las potencias industriales prefiere blindar la figura de la “caridad global” y la asistencia humanitaria discrecional antes que avanzar hacia el reconocimiento internacional de la salud y el desarrollo biotecnológico como derechos humanos inalienables con profundas implicancias industriales, económicas y soberanas.

El Anexo PABS y la Paradoja del Extractivismo Biológico

Uno de los debates más tensos dentro del diseño arquitectónico del nuevo Acuerdo de Pandemias gira en torno a la implementación y reglamentación del Sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS). Este mecanismo expone cómo las lógicas históricas del extractivismo colonial e industrial se han trasladado y sofisticado en el siglo XXI bajo la forma de un extractivismo biológico y digital de última generación. El funcionamiento técnico y de seguridad del sistema de vigilancia epidemiológica global exige que las autoridades sanitarias de los países en desarrollo donde se detecta de manera temprana un nuevo brote viral o bacteriano secuencien genéticamente el patógeno en cuestión y suban dicha información de forma inmediata a plataformas digitales internacionales de acceso abierto. Esta celeridad en el flujo de información digital es considerada vital y obligatoria para que la comunidad científica internacional pueda diseñar pruebas diagnósticas, antivirales y plataformas de vacunación eficaces antes de que el patógeno se extienda globalmente. Históricamente, y bajo una concepción de responsabilidad internacional, los países del Sur global han cumplido rigurosamente con este deber ético de transparencia y seguridad sanitaria colectiva.

Sin embargo, es en este punto exacto donde emerge una paradoja estructural alarmante e injusta que los marcos del institucionalismo neoliberal no logran justificar. Los laboratorios y corporaciones biotecnológicas radicados en el Norte global extraen esa información genética digitalizada que los países periféricos aportaron de manera gratuita, procesan los datos en sus complejos industriales de alta tecnología, desarrollan la vacuna o contramedida médica en tiempo récord, la blindan bajo el régimen internacional de patentes de la OMC y, posteriormente, la comercializan a los propios Estados de origen del patógeno a precios restrictivos. Durante la crisis del COVID-19, se constató de manera reiterada que los países que aportaron la materia prima biológica inicial para el diseño de las vacunas quedaron postergados al final de la fila global de entrega de los viales terminados.

Frente a esta asimetría, las delegaciones de América Latina, Asia y el bloque regional africano han planteado una postura geopolítica unificada en las reuniones de Ginebra: el acceso irrestricto de las potencias a los datos de secuenciación digital de los patógenos de la periferia debe estar condicionado legal y contractualmente a un sistema vinculante de distribución justa, equitativa y recíproca de los beneficios derivados. La propuesta unificada del Sur global exige formalmente la inclusión de un artículo que estipule de manera fija que, como mínimo, un 20% de la producción global total de cualquier contramedida médica crítica (sean vacunas, antivirales o reactivos de diagnóstico) desarrollada a partir de datos del sistema PABS sea transferida de forma automática a la OMS. Esta transferencia debería realizarse dividida equitativamente: un 10% de manera completamente gratuita y otro 10% a precios estrictos de costo manufacturero, permitiendo una distribución equitativa e inmediata a las naciones en desarrollo durante las emergencias sanitarias.

Las potencias occidentales catalogan esta exigencia soberana como un atentado directo contra la libertad de comercio y la propiedad privada, evidenciando una premisa ideológica de doble estándar: para el Norte global, los recursos biológicos y los datos epidemiológicos de los países del Sur deben ser de libre acceso, pero los productos tecnológicos, el conocimiento científico derivado y los medicamentos terminados por las corporaciones del Norte deben seguir siendo activos estrictamente privados protegidos por el derecho internacional comercial.

El Financiamiento Sostenible: La Ilusión de la Filantropía Internacional

Las prolongadas discusiones plenarias sobre el financiamiento de la OMS y el establecimiento de un fondo de emergencia financiera para la preparación ante pandemias revelan otra faceta crítica de la profunda descomposición del multilateralismo contemporáneo. En la actualidad, el presupuesto operativo de la OMS adolece de una debilidad estructural: depende de manera alarmante de las denominadas contribuciones voluntarias especificadas. Esto significa que la mayor parte de los fondos de la organización son entregados por Estados donantes individuales o por entidades filantrópicas de carácter privado.

La OMS carece de los recursos financieros propios necesarios para abordar las prioridades sanitarias estructurales que demanda el Sur global, tales como la construcción de infraestructura hospitalaria básica o el saneamiento ambiental. En su lugar, se ve forzada a ejecutar de manera burocrática los programas de salud hiperespecíficos y verticales que dictan las agendas particulares, los intereses geopolíticos o las visiones corporativas de sus donantes externos. Si bien en las últimas reuniones plenarias de la Asamblea se alcanzó un principio de acuerdo político para incrementar de forma progresiva las cuotas de membresía de los Estados miembros, los montos proyectados siguen siendo insignificantes en comparación con indicadores económicos globales como el gasto militar consolidado de las potencias o los billonarios subsidios industriales que los países avanzados otorgan a sus propios sectores estratégicos.

Conclusión

La disputa en torno al Tratado de Pandemias ha puesto al descubierto que las promesas de solidaridad y los postulados del institucionalismo neoliberal se desvanecen cuando ponen en riesgo las estructuras materiales del poder y el control monopólico de la tecnología.

La paradoja que atraviesa el orden sanitario contemporáneo es profunda. Por un lado, las potencias del Norte global intentan perpetuar un modelo de gobernanza extractivo, donde los datos epidemiológicos y los recursos biológicos de la periferia se subsumen bajo la categoría de “bienes comunes” de libre acceso, mientras que los medicamentos y las tecnologías capaces de salvar vidas se resguardan bajo el estatuto de la propiedad privada y las rentas monopólicas. Por otro lado, la irrupción de corrientes soberanistas y de repliegue institucional en el Sur global, cuya máxima expresión se materializa en la reciente e histórica salida de la Argentina de la OMS, añade un vector de complejidad inédito.

En este tablero de ajedrez geopolítico, los discursos de ciertos sectores del Norte global, como el de Pedro Sánchez al vincular el multilateralismo con la justicia fiscal, operan como un reconocimiento de que la seguridad sanitaria global es insostenible si se edifica sobre la quiebra macroeconómica y la asfixia financiera de la periferia. Sin embargo, estas declaraciones de principios siguen chocando de frente con la resistencia coordinada de las capitales metropolitanas, las cuales se niegan sistemáticamente a democratizar el conocimiento científico a través del anexo PABS o a habilitar transferencias tecnológicas vinculantes.

En definitiva, la disputa actual no se resolverá mediante declaraciones ni compromisos financieros. La soberanía sanitaria ha dejado de ser una opción teórica para convertirse en un instrumento estratégico para el Sur global, porque mientras las reglas de la gobernanza internacional sigan diseñadas para privatizar las curas, la salud pública internacional continuará operando bajo un régimen exclusivo donde solo unos pocos se beneficiarán. El destino de las próximas emergencias internacionales no se decidirá en los laboratorios, sino en la capacidad de las naciones para terminar esta división internacional del trabajo científico y redefinir, de manera soberana, el derecho a la supervivencia biológica a escala planetaria.

Referencias

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