Colombia, este 31 de mayo, vuelve a sumergirse en la acción y la participación política a través de las urnas, presentando un contexto particular marcado por diferencias no solo políticas y económicas, sino también sociales, en un entorno donde la paz, la seguridad y el control territorial siguen siendo, décadas después de disputas internas, los temas que definen quién gana y quién pierde.

Este fenómeno electoral se produce de forma distinta a la de Argentina, pues es el resultado de la combinación de factores alternos relativos a la estructura estatal, la violencia armada y su coacción, así como la vinculación con el entorno internacional, algo que será analizado más adelante. Pero Colombia tiene también rasgos similares a nuestra realidad política, como la crisis de representación, el estallido social como disparador de la movilización y la polarización discursiva.

En este sentido, buscamos impulsar la interpretación del impacto de estos elementos en el comportamiento del electorado y en la dinámica política del país, así como en la relación con el resto de la región. De esta manera, consideramos que la importancia de entender estos factores radica en la necesidad de construir un futuro más inclusivo y representativo, donde la voz de cada ciudadano cuente y esto se traduzca finalmente en acciones concretas que promuevan el bienestar colectivo y no un silencio como suele pasar, mezclado con sentimientos de apatía.

En un contexto global marcado por reacomodos estratégicos, Colombia emerge como nodo geopolítico cuya estabilidad interna repercute en los equilibrios regionales y en la proyección internacional de América Latina. Para comprender la magnitud de este presente electoral, es imperativo desglosar las tensiones estructurales que han forjado el carácter de la democracia colombiana, permitiéndonos distinguir entre las fragilidades del pasado y las nuevas rupturas sociopolíticas que hoy definen el mapa electoral.

Antecedentes

Para entender el comportamiento del electorado colombiano contemporáneo, es indispensable remitirse primero a las raíces históricas de su cultura política. El sistema democrático del país ha tendido crónicamente a la apatía estructural. De acuerdo con el estudio publicado por el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE), el fenómeno del abstencionismo electoral en Colombia no constituye un rasgo temporal ni un mero desinterés repentino por parte de la población civil. Al contrario, responde a una multiplicidad de causas estructurales que se han arraigado a lo largo de décadas de desarrollo institucional excluyente.

El informe del CEDAE (2013) cataloga estas variables explicativas en factores institucionales, socioeconómicos y políticos. Entre las barreras institucionales y del entorno se destaca el diseño del censo electoral, que históricamente ha arrastrado imperfecciones técnicas, así como las inmensas dificultades geográficas y logísticas que obstaculizan el traslado físico de los sufragantes en las periferias rurales.

En el plano socioeconómico, la evidencia recolectada demuestra que los niveles de ingresos, la escolaridad y la inserción formal en el mercado laboral condicionan de manera directa la probabilidad del ejercicio del voto. Esto quiere decir que a mayor precariedad y exclusión, menor es el sentido de eficacia política de los ciudadanos.

No obstante, el hallazgo más determinante apunta a la dimensión política y cultural: el abstencionismo crónico (que oscilaba entre el 50% y el 55% en comicios presidenciales) reflejaba un profundo escepticismo ciudadano y una falta de estima frente a la élite política percibida como una casta cerrada que gestionaba el Estado mediante dinámicas de intermediación corrupta, despojando al sufragio de su potencial real de transformación social.

Este letargo democrático y la consiguiente parálisis institucional sufrieron un quiebre durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021. Este ciclo de movilizaciones sociales masivas, bautizado unánimemente como el “Estallido Social”, alteró sustancialmente a la nación. En el artículo de investigación “Del conflicto al estallido: las movilizaciones sociales en Colombia 2019-2021”, el investigador Fabio E. Velásquez C. (2024) realiza un análisis de este hito sociopolítico.

Velásquez demuestra de qué manera las jornadas de protesta iniciadas el 21 de noviembre de 2019 y reactivadas con potencia a partir de abril de 2021 trascendieron la categoría de simples desórdenes públicos o alteraciones transitorias de las dinámicas urbanas. Se trató, por el contrario, de una manifestación colectiva de acumulación histórica de demandas insatisfechas, agudizadas drásticamente por la crisis socioeconómica de la pandemia del COVID-19.

Asimismo, el autor detalla que las movilizaciones agruparon a una heterogeneidad de actores tradicionalmente invisibilizados o marginados de los canales institucionales: la juventud precarizada de los barrios populares (los denominados colectivos de “primera línea”), los movimientos étnicos (indígenas y afrodescendientes movilizados a través de la Minga), los sindicatos obreros y amplios sectores de las clases medias empobrecidas.

Las calles se convirtieron en un hervidero de deliberación política horizontal, donde se impugnó el núcleo mismo del modelo socioeconómico neoliberal y la doctrina de seguridad militarizada del Estado. Al encontrar una férrea y violenta respuesta institucional por parte del gobierno de la época, la indignación popular no se desactivó, sino que experimentó un proceso de sofisticación estratégica , donde los colectivos sociales comprendieron la necesidad de trasladar la disputa política de las calles a las urnas de los puestos de votación.

La traducción de esta masiva politización callejera en participación electoral efectiva quedó plenamente documentada ; el ciclo electoral de 2022 representó un punto de inflexión histórico al registrarse las tasas de participación más altas en la historia moderna del país, quebrando de forma contundente la barrera histórica del abstencionismo analizada por el CEDAE una década atrás. Este torrente de nuevos sufragantes, impulsado decisivamente por un electorado joven y femenino de las regiones periféricas del Pacífico, el Caribe y las grandes capitales, provocó una reconfiguración sin precedentes del equilibrio de poder en Colombia.

Como consecuencia de la repentina participación, observamos que, posteriormente al estallido social, la configuración del parlamento se vio fragmentada y dividida de manera casi simétrica entre las fuerzas alternativas que piden por un cambio de modelo estructural y las bancadas de centro, centroderecha y derecha tradicional que operan como la oposición sistemática.

De acuerdo con el balance de la Universidad Externado de Colombia, el congreso ha impuesto restricciones severas al alcance del poder presidencial, obligando al Gobierno Nacional a someter cada una de sus iniciativas de reforma estructural (salud, pensional, laboral y agraria) a extenuantes procesos de negociación. Los informes del Observatorio de Agenda Legislativa y Asuntos Electorales de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia detallan que el Ejecutivo ya no cuenta con las mayorías automáticas de las coaliciones tradicionales, lo que ha generado una alta volatilidad legislativa.

En su balance de la segunda legislatura (2023-2024), las investigadoras Padrón Pardo y Rico Marulanda señalan que, ante la resistencia del Congreso por aprobar el articulado original de los proyectos gubernamentales, el debate político se desplazó de manera problemática hacia el escenario estrictamente jurídico y de control constitucional. En este marco de tensiones institucionales y pérdida de mayorías legislativas, el proceso electoral en el 2026 se establece como un nuevo escenario donde se busca redefinir la correlación de fuerzas políticas. Las elecciones presidenciales emergen así como el espacio decisivo para reconfigurar el liderazgo nacional y las estrategias de gobernabilidad que marcarán el próximo ciclo político.

Candidatos a la presidencia

La actual contienda electoral en Colombia de cara a los nuevos ciclos políticos configura una competencia electoral que puede estructurarse en torno a cuatro grandes bloques o coaliciones con visiones distintas de los deberes del Estado.

El primer bloque político está constituido por la coalición del Pacto Histórico, la cual reúne a los sectores de la izquierda democrática, movimientos sociales surgidos de las protestas y liderazgos étnicos y ambientales de base territorial. Las figuras que encabezan al partido para las elecciones presidenciales son los congresistas Iván Cepeda y Aida Quilcué. Este bloque asume las banderas ideológicas de la transformación social de carácter estructural y la profundización de las reformas iniciadas en el ciclo progresista de 2022. Su propuesta se fundamenta en un cambio doctrinal absoluto respecto al modelo económico y social.

En el plano económico, proponen una fuerte intervención regulatoria del Estado para desmercantilizar los derechos sociales, una reforma agraria integral que democratice la propiedad de la tierra rural y una transición energética acelerada hacia una economía totalmente descarbonizada, frenando nuevos contratos de exploración minero-energética. Asimismo, en el plano de la seguridad, el bloque de Cepeda y Quilcué defiende doctrinalmente el paradigma de la “seguridad humana”, un conceptó que desplaza la priorización del control militar y el conteo de bajas hacia la protección integral de las condiciones de vida de la población en los territorios. Esta postura programática implica el fortalecimiento del diálogo político y la negociación jurídica con los actores armados ilegales remanentes mediante la política de la “Paz Total”, un enfoque que, según los análisis del Observatorio de Agenda Legislativa de la Universidad Externado de Colombia (2024), ha enfrentado inmensas resistencias en el trámite legislativo de leyes y de sometimiento debido a las profundas discrepancias conceptuales.

El segundo bloque del espectro político nacional corresponde a la centroderecha institucional, cuyo núcleo se encuentra en el partido Centro Democrático, acompañado por facciones tradicionales y sectores independientes de corte conservador y liberal moderado. Sus candidatos son la senadora Paloma Valencia y el exdirector del DANE y excandidato local Juan Daniel Oviedo. Este bloque articula una oposición sistemática a la agenda gubernamental de reformas sociales. Valencia y Oviedo defienden una visión de desarrollo basada en el respeto irrestricto al libre mercado, la propiedad privada y el incentivo a la inversión empresarial privada como el único motor sostenible para la generación de empleo y la reducción de la pobreza.

En materia de seguridad, la centroderecha institucional propone una restauración estricta de las políticas de seguridad de corte tradicional, fundamentadas en el fortalecimiento operativo, presupuestal y jurídico de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Sostienen que el orden público y la autoridad del Estado en el territorio son prerrequisitos indispensables para la vigencia de las libertades civiles y la atracción de capitales. Desde el punto de vista del debate de políticas públicas, este sector realiza una crítica rigurosa a las reformas sociales del Pacto Histórico, utilizando datos fiscales para demostrar el riesgo de insostenibilidad macroeconómica que dificultarían el sostenimiento de los sistemas de salud y pensiones, abogando en su lugar por modelos mixtos donde se preserve la libre elección de los ciudadanos.

El tercer bloque representa el auge de una tendencia global: la derecha radical de corte nacionalista. Bajo la denominación coalicionista de los Defensores de la Patria, esta facción se proyecta mediante mecanismos de candidaturas independientes respaldadas por firmas ciudadanas y plataformas digitales hiperconectadas. Sus figuras de mayor resonancia pública son el abogado y polemista mediático, Abelardo de la Espriella, apodado “El Tigre” , y el exministro de Hacienda y economista técnico, José Manuel Restrepo, quienes tienen un discurso que combina el nacionalismo económico, el conservadurismo de valores sociales y un populismo radical. Este bloque capitaliza el profundo hastío de los sectores empresariales medios, las clases trabajadoras desencantadas y la ciudadanía urbana frente a la debilidad percibida de la institucionalidad ante la criminalidad organizada.

Este partido propone centralmente una política de “mano dura” inflexible que rechaza de plano cualquier tipo de negociación de carácter político con estructuras armadas ilegales o grupos narcotraficantes. Su programa plantea reformas penales drásticas orientadas al aumento sustancial de las penas, la flexibilización del porte de armas para la legítima defensa ciudadana y la construcción de centros penitenciarios de máxima seguridad aislados, emulando estrategias punitivas aplicadas con éxito mediático en Centroamérica. En el plano de la economía, defienden un capitalismo desregulado, la reducción drástica del aparato estatal y una política tributaria de choque para reducir a su mínima expresión los impuestos corporativos, argumentando que la burocracia estatal es el principal foco de la corrupción nacional.

El cuarto y último gran bloque corresponde al espacio de la moderación técnica y las consultas de centro, canalizado a través de Dignidad y Compromiso. Sus liderazgos de referencia son el exgobernador y candidato presidencial, Sergio Fajardo y Edna Bonilla. Este bloque busca romper la fuerte inercia de la polarización política que divide al país mediante una plataforma estructurada estrictamente sobre criterios sectoriales de carácter científico y técnico. Fajardo y Bonilla sitúan a la educación pública de alta calidad, la ciencia, la tecnología y la innovación como los verdaderos ejes articuladores de la equidad social y la diversificación de la matriz productiva del país.

Su enfoque sobre la seguridad ciudadana se distancia tanto de la “seguridad humana” del Pacto Histórico como de la respuesta estrictamente militar de la derecha. Fomentan el fortalecimiento integral de las capacidades investigativas de la Fiscalía General de la Nación, la profesionalización de los jueces locales para combatir la impunidad y la implementación de estrategias preventivas focalizadas en desarticular los nudos financieros del crimen organizado y la delincuencia urbana. El gran desafío de este bloque radica en su dificultad estructural para movilizar e infundir pasión en un electorado altamente polarizado y emocional, en un entorno de comunicación política.

La microsegmentación como estrategia de campaña

A partir de esto, creemos que es propicio evaluar las estrategias de campaña que surgen muchas veces para expandir esta polarización como lo vimos ante las tensiones históricas. Algunas de estas están relacionadas estrechamente con el hecho de que vivimos en una sociedad hiperconectada. Lo que plantea que el uso masivo de redes ha modificado por completo las dinámicas sociales. La microsegmentación es, en este caso, una de las herramientas más utilizadas en nuestra realidad.

Para esto, procederemos a definir: ¿qué es la microsegmentación? La microsegmentación o, en algunas otras variantes, conocida como targeting político, es una herramienta publicitaria operante a través del internet —usada comúnmente en el marketing—, que básicamente analiza datos personales para identificar los intereses de una audiencia o individuo específico con el fin de influir en sus acciones (Information Commissioner’s Office, s.f). A pesar de que en el mercado esto podría hacer que un emprendedor logre mejorar su capacidad de comunicación al identificar las necesidades de sus posibles clientes y, en consecuencia, aumentar sus ventas ; llevado a cabo en la política, esto desemboca en una gran complejización del diálogo político con el público —es decir, con el pueblo—, ya que cada mensaje, al ser diseñado con el objetivo de generar una reacción fuerte en el otro, logrando abarcar la atención del público, provoca que muchos usuarios se acerquen a una sola idea por la carga emocional que se comparte en ellos.

Desde la ciencia política, esta situación atenta contra la democracia, ya que al reducir el intercambio abierto de ideas se debilita la deliberación y la confianza en las instituciones. Por eso les pregunto a ustedes, los lectores: ¿no resulta preocupante que los debates se hayan transformado en simples comentarios de confrontación, en lugar de espacios que fomenten el acuerdo y el desarrollo del pensamiento crítico?

Esto puede observarse, por ejemplo, en la inversión millonaria que realizan los postulantes en redes sociales. Un caso concreto es el de Sergio Fajardo —a quien mencionamos anteriormente—, quien destinó más de 500 millones de pesos colombianos a publicidad en Facebook durante su campaña presidencial de 2018. De esta manera, en Colombia, el targeting político ha transformado la relación entre los candidatos y la ciudadanía. Esta estrategia detona su llamatividad en la actualidad, al demostrar su papel en la política nacional cuando se ajusta a las dinámicas globales de la era digital, donde la información se convierte en un recurso de poder. En este escenario, la democracia enfrenta retos contemporáneos que demandan una reconfiguración capaz de mitigar la polarización y fortalecer la deliberación y la confianza institucional.

Los principales aspirantes presidenciales mencionados han recurrido a estrategias digitales diferenciadas: Petro moviliza discursos de transformación social; Gutiérrez enfatiza seguridad y orden; Fajardo apela a la moderación y la educación; Hernández canaliza el descontento ciudadano. Así, la competencia electoral se redefine. En definitiva, los candidatos no solo disputan votos, sino también algoritmos, emociones y percepciones fragmentadas del país.

Es en este sentido que la microsegmentación, como estrategia electoral, no solo evidencia transformaciones en la comunicación política interna, sino que también se inscribe en un fenómeno global que redefine las democracias contemporáneas en todo el mundo. Este desafío condiciona la forma en que los Estados se relacionan con sus ciudadanos y con el sistema internacional. En el caso colombiano, estas dinámicas digitales se entrelazan con su posición geopolítica: un país periférico dentro del sistema capitalista, pero con una localización estratégica que lo convierte en un actor clave para la seguridad y la estabilidad regional.

Colombia en el esquema mundial

La posición de la República de Colombia dentro de la lógica de las naciones en el sistema capitalista contemporáneo responde a las características clásicas de una formación socioeconómica periférica. No obstante, el país ostenta una localización geográfica estratégica de primer orden que lo convierte en un sector clave geopolítico crucial para la seguridad del hemisferio occidental. Históricamente, la política exterior del Estado colombiano estuvo firmemente anclada a una alineación incondicional y subordinada con los intereses estratégicos de los Estados Unidos. La cual, fue consolidada materialmente a través de la implementación del Plan Colombia a principios del siglo XXI y se formalizó globalmente con la admisión del país como el primer socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en América Latina.

El actual proceso político introduce transformaciones e interrogantes sobre la viabilidad de mantener inalterado este eje tradicional de subordinación. Los análisis elaborados por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, 2024) y por el Center for Strategic and International Studies (CSIS, 2024) ponen de relieve que el debate electoral y el equilibrio de fuerzas internos en Bogotá tienen el potencial de alterar la arquitectura geopolítica no solo de la región andina, sino también de toda la cuenca del Gran Caribe.

La disyuntiva se plantea entre la persistencia en el alineamiento automático angloamericano y el tránsito decidido hacia una estrategia de inserción internacional diversificada y autonómica de carácter multipolar. Los bloques de la centroderecha y la derecha radical defienden el retorno de la ortodoxia diplomática de Washington, interpretando que cualquier fisura en la relación especial con la Casa Blanca pone en serio peligro la asistencia militar, las preferencias comerciales del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la calificación de riesgo para la inversión extranjera directa. Por el contrario, las fuerzas progresistas y de transformación social impulsan una diplomacia de diversificación pragmática orientada hacia el Sur Global y la consolidación de la integración latinoamericana.

En este marco, la irrupción de la República Popular China como un actor económico y tecnológico preponderante en la infraestructura de la periferia colombiana altera las coordenadas tradicionales del poder. Como bien documenta el economista político Enrique Dussel Peters en sus investigaciones sobre las relaciones China-América Latina (2023), Pekín ha dejado de ser un socio comercial secundario para pasar a convertirse en el principal financista y constructor de obras civiles críticas en Colombia, incluyendo líneas de metro ferroviario urbano, infraestructura vial de cuarta generación y proyectos de conectividad digital. Esta penetración del capital estatal chino sitúa al Estado colombiano en la necesidad de gestionar una compleja y sofisticada diplomacia de equilibrio en medio de la nueva “guerra fría” multidimensional que enfrenta a Washington y Pekín.

Más allá de las ideologías de los gobiernos de turno, la inserción exterior de Colombia está condicionada de manera férrea por tres grandes pilares estructurales de carácter transnacional, que capturan la atención prioritaria de las cancillerías globales y las agencias multilaterales:

• El primer pilar crítico es el dilema global y doméstico de la transición energética. Al ser una economía periférica cuya balanza de pagos y sostenibilidad fiscal dependen críticamente de las actividades extractivas del petróleo y el carbón, cualquier modificación en la política minero-energética interna resuena de inmediato en los centros financieros mundiales. Los informes de las agencias calificadoras de riesgo han advertido de manera explícita que las propuestas de frenar la exploración de nuevos yacimientos, si bien se sintonizan con las metas de descarbonización climática del Acuerdo de París, generan tensiones severas sobre el déficit de cuenta corriente de la nación y la estabilidad de la moneda local, debido a la ausencia de una infraestructura industrial o agrícola con capacidad de sustitución de divisas a corto plazo. La definición del modelo energético colombiano es, por ende, una disputa geopolítica donde colisionan los imperativos de la preservación ambiental del planeta con las realidades materiales de la dependencia económica periférica.
• El segundo pilar se refiere a la centralidad del país en la gestión de los complejos y masivos flujos migratorios transnacionales. El país experimentó a partir de 2016 un crecimiento exponencial y sin precedentes de la población migrante de origen venezolano con vocación de permanencia, superando la cifra de dos millones y medio de personas. Se analizan minuciosamente los inmensos retos que este choque demográfico impuso a la capacidad de respuesta institucional de los sistemas públicos locales de salud, educación y regularización laboral del Estado colombiano. A este desafío de integración humanitaria interna se le suma el fenómeno crítico de la población en tránsito intercontinental e interregional que cruza el territorio nacional para adentrarse en la región fronteriza del Tapón del Darién con rumbo definitivo hacia los Estados Unidos. La crisis humanitaria y de seguridad en el Darién ha desbordado por completo los controles estatales colombianos, convirtiendo a esa selva periférica en una cuestión urgente de control geopolítico global. La Casa Blanca monitorea este flujo de forma prioritaria, lo que significa que la política migratoria y de control fronterizo de Colombia se negocia directamente bajo la presión de las agendas de seguridad interna de la administración estadounidense.
• El tercer y último pilar está constituido por el enfoque estratégico en la lucha transnacional contra el narcotráfico y la economía de las drogas ilícitas. El fracaso estructural de las estrategias basadas exclusivamente en la erradicación forzada de cultivos y la militarización punitiva de los territorios rurales es un hecho. En sus reflexiones críticas, Juan Gabriel Tokatlian (1989) demostró que el mantenimiento de la demanda internacional agregada en los países desarrollados condena al fracaso a cualquier política orientada a presionar únicamente la oferta en los países productores periféricos. Tokatlian advertía que la insistencia en recetas punitivas impuestas desde el exterior no reduce la disponibilidad de las sustancias en el mercado global, pero sí genera devastadores efectos colaterales en la periferia productora: la erosión de la legitimidad estatal, la violencia endémica, el fortalecimiento de ejércitos criminales transnacionales y la destrucción de los tejidos sociales agrarios. En el panorama político contemporáneo, este dilema obliga al próximo gobierno a pensar entre dos opciones polarizadas: persistir en los esquemas tradicionales e interrupción militarizada para complacer las demandas de las agencias de seguridad estadounidenses, o avanzar hacia políticas de regulación estatal, sustitución voluntaria de cultivos con desarrollo alternativo integral y tratamiento del consumo bajo un enfoque exclusivo de salud pública. No obstante, esta última opción requiere de una corresponsabilidad internacional y de una reforma de los tratados de fiscalización de la ONU que los centros de poder y consumo global se muestran profundamente reticentes a conceder a las naciones de la periferia.

Conclusión

A lo largo de todo este artículo, hemos visto cómo el escenario político colombiano se caracteriza por una tensión estructural entre la continuidad de los esquemas tradicionales de seguridad y dependencia externa y la búsqueda de un modelo soberano de desarrollo y regulación estatal. Las estrategias de microsegmentación y polarización digital han profundizado las divisiones sociales, convirtiendo la contienda electoral en un espacio donde se disputan no solo proyectos de gobierno, sino también narrativas sobre el futuro del país.

Es en este contexto que el próximo presidente que asuma su cargo contará con el dificultoso legado de reconciliar a una sociedad marcada por la fragmentación y la polarización. Su gestión deberá redefinir —en definitiva— el papel de Colombia en el escenario internacional y avanzar hacia políticas que armonicen la seguridad, la justicia social y la autonomía nacional —siendo considerados los grandes problemas de la realidad colombiana—. De este modo, creemos que el rumbo que adopte el país será decisivo para determinar si finalmente Colombia decide seguir encasillada en su condición periférica o si logra consolidarse como un actor regional con voz propia.

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