El Perú atraviesa en 2026 uno de los momentos de mayor fragilidad democrática de su historia reciente. La convocatoria a una segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no es simplemente el desenlace natural de un proceso electoral ordinario: es el resultado acumulado de décadas de crisis de representación, debilitamiento institucional y desconfianza ciudadana hacia la política y sus actores. Como señala BBC Mundo (2026), el pase de Sánchez al balotaje «muestra que los círculos políticos de Lima siguen sin entender la magnitud del malestar en las regiones», expresión de una fractura territorial que trasciende el ámbito electoral y refleja tensiones históricas más profundas. Comprender este escenario exige ir más allá de los resultados electorales e interrogarse por las causas estructurales que producen, con llamativa regularidad, presidentes vacados, condenados o investigados, parlamentos fragmentados y ciudadanos cada vez más alejados de la política formal.

En el corazón de esta crisis se encuentran dos fenómenos interrelacionados. Por un lado, la desconfianza institucional acumulada, expresada en la percepción ciudadana de que la clase política actúa en beneficio propio antes que en el interés general. Por otro, la fragmentación del sistema de partidos, que impide la formación de mayorías estables y reproduce ciclos de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ambos fenómenos se retroalimentan: un sistema de partidos débil produce gobiernos sin base parlamentaria; esos gobiernos terminan en crisis; las crisis profundizan la desconfianza; y la desconfianza alimenta el voto disperso que reproduce la fragmentación. France 24 (2026) ha denominado a este patrón «parlamentarismo forzoso», en la medida en que la supervivencia del presidente depende más de las alianzas congresales que del respaldo popular.

Entre las principales preocupaciones de la ciudadanía peruana se encuentran la inseguridad ciudadana —la más alta entre 30 países encuestados— y la corrupción política y financiera (Ipsos, 2025). Estas preocupaciones no son nuevas: reflejan una demanda sostenida en el tiempo que el Estado peruano ha sido incapaz de responder de manera eficaz y sostenida, contribuyendo a un círculo vicioso de descrédito del Ejecutivo, abandono de la política formal y, paradójicamente, mayor fragmentación electoral al momento de votar.

En este marco, el presente ensayo se propone describir y explicar el escenario político de la segunda vuelta presidencial peruana de 2026 a través de cuatro dimensiones articuladas entre sí: (1) el patrón estructural de des-credibilidad del Ejecutivo, expresado en la judicialización sistemática de los mandatarios; (2) el fenómeno de la fragmentación política y su impacto en el proceso electoral; (3) las candidaturas en disputa y las visiones contrapuestas que representan; y (4) el escenario actual del balotaje, incluyendo la evolución de las encuestas, la dinámica de la campaña, el posicionamiento de la ciudadanía y del nuevo Congreso, y la mirada internacional sobre el proceso.

La Des-credibilidad del Ejecutivo: Un Patrón Estructural de Judicialización

El concepto de judicialización de la política

La judicialización de la política es un concepto desarrollado en la ciencia política contemporánea para describir el proceso mediante el cual los tribunales de justicia asumen un rol protagónico en la resolución de conflictos que originalmente pertenecían al ámbito de la decisión política (Hirschl, 2008). En su acepción más amplia, el término abarca tanto la expansión del control judicial sobre las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo, como la tendencia a criminalizar el ejercicio del poder político una vez que los actores han abandonado sus cargos. En el contexto latinoamericano, este fenómeno ha adquirido una dimensión particular: la judicialización no opera principalmente como mecanismo preventivo de control del poder, sino como una rendición de cuentas ex post, es decir, posterior al ejercicio del cargo, en contextos donde los mecanismos institucionales de control durante el mandato han fallado o han sido capturados (O’Donnell, 2004).

Esta distinción entre control ex ante y ex post es fundamental para entender el caso peruano. Un sistema institucional robusto debería contar con mecanismos que prevengan o detecten oportunamente el abuso de poder mientras se ejerce: contraloría eficaz, ministerio público independiente, poder judicial autónomo del ejecutivo, medios de comunicación libres y sociedad civil activa. Cuando estos mecanismos son débiles, la justicia penal termina operando como el único recurso disponible una vez que el gobernante ya no cuenta con la protección del cargo, generando la apariencia de accountability pero sin modificar las condiciones estructurales que producen la corrupción en primer lugar.

El patrón peruano: evidencia empírica

La historia peruana reciente confirma esta dinámica con una contundencia que no tiene parangón en América Latina. Como señala Deutsche Welle (2023), la gran mayoría de los expresidentes peruanos entre 1990 y 2026 han enfrentado investigaciones fiscales, procesos judiciales o condenas firmes una vez concluido su mandato. El Cuadro 1, actualizado a junio de 2026, registra la situación judicial de los 13 mandatarios que han ejercido la presidencia de la República en ese período. De este universo, únicamente Valentín Paniagua (presidente de transición entre 2000 y 2001) no registra ningún tipo de proceso judicial.

El cuadro revela además que las causas judiciales abarcan un espectro amplio: violaciones a los derechos humanos (Fujimori), corrupción y lavado de activos vinculados a grandes constructoras transnacionales como Odebrecht (Toledo, García, Kuczynski, Vizcarra), financiamiento ilícito de campañas (Humala), intentos de ruptura del orden constitucional (Castillo) e irregularidades en el ejercicio del cargo (Boluarte, Jerí). Esta diversidad tipológica sugiere que el fenómeno no es atribuible a un individuo o a una coyuntura específica, sino a una cultura política y a un entramado institucional que facilita el abuso del poder ejecutivo.

Cuadro 1. Gobernantes del Perú (1990 – junio 2026): situación judicial actualizada

Gobernante	Período	Situación judicial	Crimen / Investigación
Alberto Fujimori	1990–2000	Condenado	Declarado culpable de violación a los DD.HH. por la Corte Suprema del Perú (Amnistía Internacional, 2009). Indultado en 2023 (BBC Mundo, 2023).
Valentín Paniagua	2000–2001	Sin procesos judiciales	–
Alejandro Toledo	2001–2006	Condenado (en proceso de cumplimiento)	Corrupción y lavado de activos, caso Ecoteva. Extraditado desde EE. UU. en 2023 y condenado (El País, 2024).
Alan García	1985–1990 y 2006–2011	Falleció siendo investigado	Investigado por lavado de activos vinculado a sobornos de Odebrecht. Falleció antes de ser formalizado (BBC Mundo, 2019).
Ollanta Humala	2011–2016	Condenado	Condenado por lavado de activos por financiamiento ilícito de campañas electorales (Deutsche Welle, 2023).
Pedro Pablo Kuczynski	2016–2018	Arresto domiciliario	Tráfico de influencias y lavado de activos, caso Odebrecht (Reuters, 2022).
Martín Vizcarra	2018–2020	Condenado a 14 años de prisión	Culpable por cohecho pasivo propio, caso Lomas de Ilo (El Comercio, 2024).
Manuel Merino	Nov. 2020	Investigación suspendida	Investigación fiscal por muertes de manifestantes en protestas de noviembre de 2020 (France 24, 2026).
Francisco Sagasti	2020–2021	Investigado	Presunto abuso de autoridad en el retiro de generales de la PNP en 2020 (Casimiro, 2026).
Pedro Castillo	2021–2022	Condenado a 11 años de prisión	Condenado por intento de disolver el Congreso en golpe de Estado fallido en 2022 (BBC Mundo, 2024).
Dina Boluarte	Dic. 2022–Oct. 2025	Vacada. Múltiples investigaciones activas	Vacada con 121 votos por «incapacidad moral permanente» (Infobae, 2025). Fiscalía formalizó investigación preparatoria por lavado de activos el 13 de mayo de 2026, caso «Dinámicos del Centro» (Exitosa Noticias, 2026; El Comercio, 2025). Dos pedidos de impedimento de salida del país rechazados por el PJ (Exitosa Noticias, 2026).
José Jerí	Oct. 2025–Feb. 2026	Destituido. Investigado	Destituido el 17 de feb. 2026 con 75 votos por reuniones no registradas con empresario chino («chifagate») e irregularidades en contrataciones. Investigado por tráfico de influencias agravado (CNN Español, 2026; La Tercera, 2026; Infobae, 2026).
José María Balcázar	Feb. 2026–presente	Sin procesos conocidos (presidente interino)	Elegido por el Congreso el 19 de feb. 2026 como presidente interino hasta el término del período constitucional 2021–2026 (La Tercera, 2026).

Elaboración propia con base en BBC Mundo (2019, 2023, 2024), Deutsche Welle (2023), El País (2024), El Comercio (2024, 2025), Reuters (2022), Infobae (2025, 2026), CNN Español (2026), La Tercera (2026), Exitosa Noticias (2026), France 24 (2026).

El período 2022–2026 resulta paradigmático. Dina Boluarte fue vacada por el Congreso en octubre de 2025 con 121 votos por «incapacidad moral permanente» (Infobae, 2025), y el 13 de mayo de 2026 la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos formalizó investigación preparatoria en su contra por el caso «Dinámicos del Centro», vinculado al financiamiento de la campaña presidencial de Perú Libre de 2021 (Exitosa Noticias, 2026). Dos pedidos de impedimento de salida del país presentados por el Ministerio Público fueron rechazados por el Poder Judicial, al considerar que no existía peligro de fuga (Exitosa Noticias, 2026). Su sucesor, José Jerí, fue destituido apenas cuatro meses después con 75 votos —sin recurrir a la vacancia clásica, sino a mociones de censura en su calidad de presidente del Congreso— por el escándalo del «chifagate»: reuniones no declaradas con el empresario chino Zhihua Yang, quien mantenía contratos millonarios con el Estado (CNN Español, 2026; La Tercera, 2026). José María Balcázar asumió, así como octavo mandatario en menos de una década (La Tercera, 2026), en un ciclo que confirma que la inestabilidad no es un episodio sino un rasgo sistémico.

Esta recurrencia produce efectos concretos sobre la confianza ciudadana. Desde una perspectiva de teoría política, la legitimidad de un gobierno democrático descansa en dos pilares: la legitimidad de origen (el mandato electoral) y la legitimidad de ejercicio (la percepción de que el gobierno actúa conforme a la legalidad y el interés general) (Lipset, 1959). Cuando ambas legitimidades se erosionan simultáneamente, por la fragmentación que reduce el respaldo electoral de origen, y por la corrupción que deteriora la legitimidad de ejercicio, el resultado es la crisis de representación: una brecha persistente entre los ciudadanos y sus representantes que ningún proceso electoral por sí solo es capaz de cerrar.

La Fragmentación Política y su Impacto en el Proceso Electoral Peruano

Fragmentación, institucionalización y gobernabilidad

La fragmentación del sistema de partidos es uno de los conceptos centrales de la ciencia política comparada para explicar la dificultad de ciertos regímenes democráticos para producir mayorías estables y gobiernos efectivos. En términos técnicos, un sistema de partidos se considera fragmentado cuando un elevado número de organizaciones políticas compiten electoralmente sin que ninguna logre concentrar un apoyo mayoritario, lo que se traduce en dificultades para formar coaliciones de gobierno, articular programas legislativos coherentes y mantener la continuidad de las políticas públicas (BCN, 2023).

La ciencia política distingue entre fragmentación electoral (la dispersión del voto entre múltiples candidaturas) y fragmentación legislativa (la distribución del poder parlamentario entre muchos grupos sin mayoría clara). Ambas dimensiones se retroalimentan: un sistema electoral que no establece barreras suficientes para el acceso al parlamento tiende a producir legislaturas muy fragmentadas, que a su vez dificultan la formación de mayorías de gobierno y aumentan la probabilidad de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo (Mainwaring y Scully, 1995). Para medir el nivel de fragmentación, la ciencia política utiliza el Número Efectivo de Partidos (ENPP), un indicador desarrollado por Laakso y Taagepera (1979) que pondera a los partidos por su peso electoral relativo. Un ENPP de 2 indica bipartidismo; valores superiores a 5 señalan sistemas altamente fragmentados en los que ninguna fuerza puede gobernar sin coalición.

La institucionalización del sistema de partidos es el concepto complementario al de fragmentación. Un sistema institucionalizado se caracteriza por partidos con identidades programáticas estables, arraigo en la sociedad civil, estructuras organizativas duraderas y comportamiento predecible en el proceso político (Mainwaring y Scully, 1995). La ausencia de institucionalización —que es precisamente el caso peruano— produce sistemas de partidos volátiles, donde las organizaciones surgen y desaparecen entre elecciones, los liderazgos son personalistas antes que programáticos, y la lealtad electoral de los ciudadanos es extremadamente inestable. En este contexto, la gobernabilidad se vuelve estructuralmente precaria: los presidentes llegan al poder sin bases legislativas sólidas y sin partidos capaces de disciplinar a sus propios legisladores.

El caso peruano: fragmentación estructural

El Perú exhibe uno de los sistemas de partidos más fragmentados y menos institucionalizados de América Latina, fenómeno que se ha agravado progresivamente desde la década de los noventa. El colapso del sistema de partidos tradicional bajo el gobierno de Alberto Fujimori, que desmanteló las organizaciones partidarias existentes y gobernó apoyándose en redes clientelares, dejó un vacío institucional que nunca fue adecuadamente llenado. En las décadas siguientes, los partidos que emergieron fueron en su mayoría vehículos electorales de corta vida, construidos alrededor de figuras personales antes que de plataformas programáticas (BCN, 2023). France 24 (2026) advierte que este uso reiterado de la vacancia ha dado lugar a un «parlamentarismo forzoso», donde la supervivencia del presidente depende más de las alianzas congresales que del respaldo popular.

Este déficit de institucionalización se expresa con particular claridad en los valores del ENPP presidencial. Desde comienzos del siglo XXI, el ENPP ha mostrado una tendencia sostenida al alza: de un valor cercano a 6 en 2006, cuando Alan García accedió a la segunda vuelta con apenas el 24% del voto válido, pasó a superar 6,4 en 2016 y alcanzó aproximadamente 7,1 en 2021, cuando Pedro Castillo accedió al balotaje con menos del 19% del respaldo electoral. Cada uno de estos valores se ubica muy por encima del promedio latinoamericano, evidenciando que la dispersión del voto en la primera vuelta no es un fenómeno coyuntural sino un rasgo estructural del sistema político peruano.

La primera vuelta de 2026 como expresión máxima del fenómeno

Las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026 representan el punto culminante de esta tendencia fragmentadora. Con 35 candidaturas en competencia y ningún postulante superando el 18% de los votos emitidos, la primera vuelta configuró el escenario de mayor atomización electoral conocido hasta la fecha. Como se observa en la Figura 1, Keiko Fujimori alcanzó el 14,3% de los votos, Roberto Sánchez el 10,0%, Rafael López el 9,9%, Jorge Nieto el 9,1% y Ricardo Belmont el 8,4%. El 31,3% restante se distribuyó entre los demás candidatos, mientras que el voto blanco (11,8%) y el nulo (5,2%) expresaron el rechazo activo de una porción significativa del electorado. La suma de los porcentajes de los dos finalistas alcanzó únicamente el 29,22%, el registro más bajo para dos candidatos en balotaje en la historia del país (France 24, 2026).

Figura 1. Distribución de votos en la primera vuelta presidencial Perú 2026

Elaboración propia con datos de ONPE (2026).

Este dato tiene implicaciones teóricas y prácticas de primer orden. En términos teóricos, sugiere que el balotaje no cumple, en este caso, su función clásica de producir una legitimidad mayoritaria. En términos prácticos, el presidente electo iniciará su mandato sin un mandato programático claro, lo que anticipa dificultades para construir las mayorías legislativas necesarias para gobernar. Los elevados niveles de voto blanco, nulo e indeciso son también señales relevantes: en la ciencia política, el voto en blanco y nulo puede interpretarse, dependiendo del contexto, como protesta activa contra el sistema, como expresión de preferencias no representadas, o como rechazo explícito a los candidatos en disputa (Delfino y Grazioso, 2010).

Los Candidatos al Balotaje: Dos Visiones de País

El fujimorismo: entre el orden y el legado

Keiko Fujimori representa en 2026 su cuarta candidatura presidencial consecutiva, un hecho que habla de la persistencia del fujimorismo como identidad política en el Perú contemporáneo. El fujimorismo es, ante todo, un fenómeno político construido alrededor de la herencia de Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000 con rasgos abiertamente autoritarios: disolución del Congreso en 1992, control de los medios, montaje de un sistema de corrupción sistémica. Una visión que fue posteriormente condenada por la Corte Suprema por violaciones a los derechos humanos, y cuyo indulto en 2023 generó amplia polémica (BBC Mundo, 2023). Esta herencia divide profundamente a la sociedad peruana: para un segmento importante del electorado, el gobierno de Fujimori padre representa estabilidad económica y derrota del terrorismo; para otro, representa impunidad, autoritarismo y crimen de Estado.

La candidatura de Keiko Fujimori en 2026 está marcada por este doble filo. Por una parte, ella misma pasó más de un año en prisión preventiva investigada por lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, causa que fue anulada por el Tribunal Constitucional a finales de 2025 (France 24, 2026). Por otra, ha construido a lo largo de sus sucesivas campañas una narrativa de víctima de persecución política que ha logrado movilizar a sectores del electorado sensibles a este encuadre. En el debate de segunda vuelta, la palabra más repetida fue «caos»: Fujimori insistió en que es «la única que puede devolver el orden» frente al caos que, según ella, representa Sánchez (CNN Chile / EFE, 2026). Su propuesta programática se apoya en tres ejes: seguridad ciudadana con mano dura por medio de tecnología, megapenales, flagrancia express, atracción de inversión privada como motor del crecimiento, y soluciones tecnocráticas a la corrupción mediante transparencia digital e inteligencia artificial en contrataciones públicas.

Juntos por el Perú: entre la transformación y la ambigüedad

Roberto Sánchez representa a Juntos por el Perú, una coalición de izquierda que llega al balotaje cargando dos pesos simbólicos de signo contrario. Por un lado, el peso positivo de representar a los sectores del interior del país históricamente invisibilizados en la agenda política de Lima; por otro, el peso negativo de la asociación con Pedro Castillo, cuyo sombrero Sánchez llegó a utilizar en actos de campaña (France 24, 2026). El analista político Ramiro Escobar, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señaló a BBC Mundo (2026) que el pase de Sánchez a la segunda vuelta «muestra que los círculos políticos de Lima siguen sin entender la magnitud del malestar en las regiones», subrayando que su candidatura es antes un voto de rabia territorial que de adhesión programática.

En el debate de segunda vuelta, Sánchez finalizó su intervención recordando las derrotas de Fujimori en las tres últimas elecciones y convocando a «las fuerzas democráticas que quieren recuperar el orden de verdad» (CNN Chile / EFE, 2026). En el ámbito programático, propone un enfoque estructural frente a la inseguridad ciudadana e interpreta la corrupción como consecuencia de la captura del Estado por élites, proponiendo reformas institucionales profundas y posible cambio constitucional. Sin embargo, en las semanas previas al balotaje introdujo matices moderadores en su propuesta económica, la que incluye garantías explícitas a la independencia del Banco Central de Reserva para ampliar su atractivo más allá de su base electoral tradicional (France 24, 2026).

Dos modelos de Estado y sus implicancias democráticas

Más allá de las propuestas concretas, la contienda puede analizarse como la expresión electoral de dos visiones distintas sobre el rol del Estado. La candidatura de Fujimori se inscribe en una tradición liberal-conservadora que confía en el mercado como principal asignador de recursos y apuesta por la mano dura en materia de seguridad. La candidatura de Sánchez se inscribe en una tradición de izquierda que atribuye al Estado un rol redistributivo activo e interpreta los problemas sociales como consecuencias estructurales del modelo económico. En términos de gobernabilidad democrática, sin embargo, la segunda vuelta de 2026 no es fundamentalmente una elección sobre proyectos de sociedad claramente articulados, sino sobre quién genera menos rechazo en un electorado profundamente desencantado. Ambos candidatos centraron sus campañas en prometer gobernabilidad y estabilidad a un país con ocho presidentes en una década (Extra, 2026), señal inequívoca de que la demanda ciudadana más urgente no es ideológica sino institucional.

El Escenario Actual del Balotaje

Encuestas: de la ventaja a la paridad extrema

Las encuestas de intención de voto previas al balotaje del 7 de junio constituyen una herramienta analítica esencial, pero su interpretación requiere cautela metodológica. Las encuestas miden preferencias declaradas en un momento dado, sujetas a márgenes de error estadístico y a la volatilidad propia de electorados con alta proporción de indecisos y abstención potencial. En el caso peruano, la legislación nacional prohíbe la publicación de sondeos durante la semana previa a la votación, lo que impide conocer la distribución de preferencias en el momento más cercano a la jornada electoral. El Cuadro 2 sintetiza la evolución de los principales sondeos entre el 17 de mayo y el 3 de junio de 2026.

Cuadro 2. Evolución de encuestas de intención de voto

Segunda vuelta presidencial Perú 2026

Encuestadora / Fecha	Fujimori	Sánchez	Notas
Datum / 17-20 may.	39,5%	36,1%	Ventaja de 3,4 pp. Lima y norte → Fujimori; sur, centro y selva → Sánchez (Infobae, 2026).
IEP / ~28 may.	36%	30%	26% aún indeciso. Fujimori lidera en Lima Metropolitana (51%) y el norte (32%) (Infobae, 2026).
CPI / 26-28 may.	32,5%	29,1%	22,6% blanco/viciado; 13,4% indeciso. Sánchez domina costa sur (42,8%) (RPP, 2026).
Ipsos / ~31 may.	38%	35%	Empate estadístico dentro del margen de error de 2,8 pp. (Extra, 2026).
Ipsos / 3 jun. (privada)	43,2%	43,8%	Sánchez adelanta 0,6 pp., dentro del margen de error de 2,5 pp. 6,6% indecisos (France 24, 2026; Extra, 2026).

Elaboración propia con base en Infobae (2026), RPP (2026), Extra (2026) y France 24 (2026). La encuesta de Ipsos del 3 de junio corresponde a un sondeo privado filtrado a medios, publicado antes de la veda electoral.

La evolución de los datos permite identificar dos tendencias analíticamente relevantes. En primer lugar, Fujimori mantuvo una ventaja consistente de entre 3 y 7 puntos porcentuales durante la mayor parte del período, anclada en su dominio en Lima Metropolitana (52,2%) y las regiones del norte (Infobae, 2026). En segundo lugar, el cierre de la brecha en los últimos días de campaña es atribuible, según el análisis de la encuestadora CPI citado por Primicias (2026), a que «no se ha activado el antivoto a Fujimori» con la intensidad de procesos electorales anteriores, fenómeno al que se suma una «decepción» del electorado hacia las propuestas de izquierda tras el gobierno de Castillo.

El concepto de antivoto o voto negativo, es particularmente relevante en el contexto peruano. A diferencia del voto positivo, motivado por identificación programática o simpatía personal con un candidato, el voto negativo se define por el rechazo al candidato contrario antes que por el apoyo al propio. En elecciones anteriores, el antifujimorismo operó como factor movilizador de enorme potencia, capaz de articular coaliciones heterogéneas de electores que convergían en el rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori. La aparente moderación de ese antifujimorismo en 2026, en parte explicada por la fatiga de tres balotajes anteriores y en parte por la memoria del fracaso del gobierno de Castillo, es uno de los factores que más incertidumbre introduce en la predicción del resultado.

Dinámica de campaña: gobernabilidad versus transformación

La campaña de segunda vuelta ha estado dominada, en ambos candidatos, por la promesa de restaurar la gobernabilidad en un país que ha tenido ocho presidentes en la última década (Extra, 2026). Esta convergencia discursiva es en sí misma reveladora: refleja que la demanda ciudadana más urgente no es ideológica sino institucional. Desde un punto de vista de estrategia electoral, Fujimori posicionó su candidatura como garantía de «orden» frente al «caos» que atribuye a la izquierda, apoyándose en un equipo técnico liderado por el exministro de Economía Luis Carranza y en propuestas de seguridad de carácter represivo (France 24, 2026). Sánchez adoptó una estrategia dual: hacia su base electoral tradicional: el sur, el oriente, las zonas rurales. Se presentó como transformador del Estado, para introducir matices económicos que lo acercaron al centro del espectro político (France 24, 2026).

El debate presidencial del 1 de junio de 2026, organizado por el JNE, fue el evento de mayor densidad política de la campaña. Cubrió bloques sobre seguridad ciudadana, democracia y derechos humanos, educación, salud y economía, en un duelo marcado por ataques y reproches en los que se acusaron mutuamente de ser los culpables del caos del país (CNN Chile / EFE, 2026). La fractura territorial —Lima/norte para Fujimori; sur, centro y oriente para Sánchez— confirma que las identidades regionales estructuran el voto con tanta o más fuerza que las propuestas programáticas (France 24, 2026).

Posicionamiento ciudadano: el voto de rechazo y la crisis de representación

La categoría de «voto de rechazo» o «voto en contra» es uno de los conceptos más utilizados para describir el comportamiento electoral en contextos de baja confianza institucional y alta fragmentación partidaria. Se trata de una modalidad de elección en la que el ciudadano no vota por convicción positiva hacia su candidato, sino para impedir que el candidato contrario llegue al poder. Este tipo de voto genera consecuencias específicas para la gobernabilidad: el presidente electo no recibe un mandato programático claro, sino una legitimidad construida sobre el miedo o el rechazo, lo que debilita su autoridad política desde el primer día de gobierno.

La crisis postelectoral que siguió a la primera vuelta es un indicador del estado de la confianza ciudadana. Rafael López Aliaga denunció fraude sin presentar pruebas concluyentes y llamó a sus seguidores a la insurgencia civil (El Comercio, 2026). Tanto la misión de la Unión Europea como la de la OEA concluyeron que la elección se desarrolló de manera pacífica y rechazaron las acusaciones de fraude sistemático, aunque reconocieron fallas logísticas, por ejemplo, que más de 52 mil ciudadanos no pudieron votar en la fecha prevista, expresando preocupación por las amenazas y hostigamiento contra autoridades electorales y periodistas (OEA, 2026; Euronews, 2026). El jefe de la misión de la OEA, Víctor Rico Frontaura, instó a los actores políticos a «evitar confrontaciones y discursos que generen división social» (OEA, 2026). Finalmente, Renovación Popular aceptó los resultados y confirmó su participación en el nuevo Congreso (El Comercio, 2026), aunque López Aliaga no reconoció formalmente su derrota.

Postura del nuevo Congreso: la amenaza latente de la ingobernabilidad

El nuevo Congreso bicameral que asumirá el 28 de julio junto al presidente electo es, en sí mismo, un actor político con capacidad de condicionar decisivamente la gobernabilidad del próximo período. El diseño institucional del sistema político peruano otorga al Congreso herramientas extraordinariamente poderosas de control y remoción del Ejecutivo, incluyendo la figura de la «vacancia presidencial por incapacidad moral permanente», que ha sido utilizada de manera recurrente como mecanismo de destitución política. La reiteración de este uso ha desequilibrado el principio de separación de poderes, subordinando la continuidad del Ejecutivo a las mayorías parlamentarias coyunturales. En los últimos diez años, tres mandatarios fueron destituidos mediante este procedimiento: Martín Vizcarra en 2020, Pedro Castillo en 2022 y Dina Boluarte en octubre de 2025 (Infobae, 2025).

Fuerza Popular se perfila como la primera minoría legislativa en el nuevo Congreso, con 40 diputados y 22 senadores, lo que otorgaría a Fujimori, si resulta electa, una ventaja significativa en términos de respaldo parlamentario y capacidad para bloquear mociones de destitución (Directorio Legislativo, 2026). Para Sánchez, la composición del Congreso representa su mayor desafío potencial: sin una bancada propia suficientemente grande, un eventual gobierno de Juntos por el Perú enfrentaría condiciones de minoría legislativa similares a las que desembocaron en la vacancia de Castillo en 2022. La gobernabilidad del período 2026–2031 dependerá, en gran medida, de la capacidad del presidente electo para construir acuerdos parlamentarios que trasciendan la lógica del enfrentamiento, algo que ninguno de los dos candidatos ha explicado de manera convincente durante la campaña.

Escenario internacional: observación, geopolítica y presión democrática

El proceso electoral peruano de 2026 ha concitado una atención internacional mayor a la habitual, motivada tanto por la trayectoria de inestabilidad institucional del país como por el contexto geopolítico más amplio de América Latina. Human Rights Watch (2026) alertó sobre el «paulatino, pero constante deterioro democrático» del Perú y señaló que la atención internacional era «fundamental frente a un escenario de deterioro institucional». La misión de observación de la UE, liderada por la diputada italiana del Parlamento Europeo Annalisa Corrado, desplegó más de 150 observadores para la segunda vuelta, con el objetivo explícito de «apoyar el proceso democrático en el país, reforzar la confianza pública en el proceso electoral y fortalecer el respeto por las libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos» (Infobae, 2026). La misión anunció que presentará un informe preliminar el 9 de junio y un informe final en agosto, incluyendo recomendaciones para mejorar el sistema electoral peruano (Infobae, 2026).

La OEA, por su parte, desplegó 96 observadores de 22 nacionalidades para la primera vuelta, y envió una nueva misión para el balotaje. En su pronunciamiento postelectoral, la OEA expresó «preocupación por las amenazas y actos de hostigamiento» contra autoridades electorales y periodistas, y remarcó que las acciones de auditoría deben realizarse «con el más alto rigor técnico» sin interferir en el proceso electoral en curso (OEA, 2026). Ante las acusaciones de fraude de López Aliaga, la misión de la UE y la OEA concluyeron que no existían indicios de irregularidades sistemáticas, si bien reconocieron las fallas logísticas de la jornada del 12 de abril (Euronews, 2026).

La dimensión geopolítica agrega complejidad adicional. Fujimori se ha posicionado explícitamente en la ola de gobiernos de derecha en América Latina, mencionando a Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa y Rodrigo Paz como referentes ideológicos y buscando alinearse con la administración de Donald Trump en Washington (France 24, 2026). Esta señal de alineación sitúa una eventual presidencia de Fujimori en el bloque de gobiernos conservadores de la región. Sánchez no ha articulado una postura internacional tan explícita, aunque su candidatura es observada con cautela por los mercados financieros y con simpatía por los gobiernos progresistas del continente. El resultado del 7 de junio será leído en la región como un indicador del estado del péndulo político latinoamericano (AS/COA, 2026).

Conclusiones

El escenario político de la segunda vuelta presidencial peruana de 2026 no puede comprenderse como un hecho aislado, sino como el punto de llegada de una secuencia de crisis que se ha ido profundizando a lo largo de más de una década. La desconfianza ciudadana hacia la clase política, la fragmentación del sistema de partidos y la inestabilidad del poder ejecutivo no son fenómenos independientes: forman parte de un mismo proceso de deterioro institucional que se retroalimenta en cada ciclo electoral y que ninguna elección, por sí sola, está en condiciones de revertir.

La judicialización sistemática de los mandatarios peruanos, documentada en el Cuadro 1 con 12 de los 13 presidentes del período 1990–2026 vinculados a algún tipo de proceso judicial, revela la ausencia de mecanismos preventivos eficaces de control del poder (O’Donnell, 2004). La rendición de cuentas opera ex post, cuando el daño institucional ya está hecho y la confianza ciudadana ya ha sido erosionada. El período 2022–2026, con tres mandatarios distintos en menos de cuatro años, constituye la expresión más extrema de esta dinámica, confirmada por la cobertura de medios como El Comercio (2025, 2026), Infobae (2025, 2026), CNN Español (2026) y La Tercera (2026).

La fragmentación electoral, graficada en la Figura 1 con su distribución de votos entre 35 candidaturas y ninguna superando el 18%, produce presidentes con legitimidad de origen limitada que deben gobernar frente a legislativos hostiles sin las herramientas institucionales para construir mayorías estables. El Cuadro 2 de encuestas ilustra que la contienda de balotaje no resuelve este problema: el empate técnico al que llegó la campaña significa que el ganador del 7 de junio contará, en el mejor de los casos, con el respaldo de apenas la mitad de un electorado que en su gran mayoría no lo eligió por convicción sino por exclusión del rival.

La presencia de más de 150 observadores de la UE y 96 de la OEA, la atención de Human Rights Watch y el monitoreo geopolítico de AS/COA reflejan que la elección peruana tiene resonancias que van más allá de sus fronteras. Pero también revelan que la comunidad internacional es consciente de que su capacidad de intervención se agota al término de la jornada electoral. La OEA (2026) lo expresó con precisión: ningún proceso externo puede garantizar la gobernabilidad del período siguiente; esa gobernabilidad dependerá, en última instancia, de la voluntad de los actores políticos peruanos para construir los consensos que el sistema ha sido incapaz de sostener en la última década. El balotaje del 7 de junio es el inicio de ese desafío, no su conclusión.

Referencias

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