1. Introducción
1.1 Problematización
El sistema internacional contemporáneo atraviesa una transición hegemónica y energética de carácter multidimensional, motivada por la urgencia creciente de descarbonizar la economía global en un intento por mitigar el avance del cambio climático y sus consecuencias. En este contexto, el nuevo paradigma productivo yace en el desarrollo de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energías renovables, en reemplazo de la tecnología utilizada hasta el momento y posicionando a las baterías de ion-litio como cimiento de esta revolución tecnológica. De tal forma, el litio ha dejado de ser un insumo industrial marginal para convertirse en un recurso natural de disputa geopolítica global. Frente a proyecciones que indican que la demanda mundial de este mineral podría multiplicarse hacia 2040, las principales potencias tecnológicas (Estados Unidos, Unión Europea y China) comenzaron a desplegar estrategias exponencialmente más agresivas para asegurar el abastecimiento de sus cadenas de suministro.
Dicho fenómeno se materializa a través de un cuerpo normativo e institucional bajo el que las potencias del Norte Global recategorizan al litio como un “mineral crítico”. Ejemplos de esto son la Inflation Reduction Act (IRA) en EEUU y la Ley de Materias Primas Fundamentales de la UE. Allí queda demostrado que no sólo buscan relocalizar la manufactura de alta tecnología, sino que enmarcan la escasez de estos recursos como una vulnerabilidad inaceptable para su autonomía estratégica y su seguridad nacional.
Habiendo desarrollado este contexto, emerge allí un problema analítico insoslayable para el Sur Global: la urgencia de las potencias tecnológicas por garantizarse esta materia prima impone una presión estructural sobre aquellos países que concentran las reservas. Argentina posee una de las mayores dotaciones de recursos litíferos del mundo, particularmente concentrados en los salares del noroeste del país. Sin embargo, la premura del Norte por extraer el recurso choca de forma directa con la necesidad histórica del Estado argentino de evitar la primarización de su economía, desarrollar una industria local y escalar en la Cadena Global de Valor.
Esta urgencia geopolítica externa consolida un modelo de enclave donde el litio se extrae velozmente para subsidiar la transición energética de otras naciones en detrimento de la industria local. Su estudio resulta de vital relevancia ya que permite comprender cómo los imperativos climáticos pueden terminar reproduciendo las asimetrías históricas de inserción periférica de América Latina bajo una coartada de sustentabilidad y progreso.
Frente a esta tensión, la pregunta de investigación que guía el presente artículo es: ¿De qué manera la política de “securitización” de minerales críticos por parte del Norte Global condiciona la capacidad del Estado argentino para escalar en la cadena de valor de litio y superar el modelo primario-exportador?
1.2 Estado del Arte
Podemos agrupar la literatura sobre geopolítica de los recursos, especialmente el litio, en tres grandes líneas de investigación que analizan cómo América Latina se inserta en el proceso de transición energética.
Una primera línea de investigación se enfoca en la geopolítica de la transición energética y la competencia hegemónica. Bajo este enfoque los autores examinan el nivel macrosistémico, analizando las tensiones entre Occidente y Asia en ascenso y cómo éstas estructuran un nuevo mapa de poder global. Trabajos institucionales de la CEPAL documentan detalladamente el crecimiento acelerado de la demanda y cómo las estrategias del Norte Global se orientan a asegurar el abastecimiento del litio frente al crecimiento exponencial de China. Barberón (2023) argumentó que la inserción de América Latina ocurre mediante la aceptación de asimetrías, convirtiéndose en un receptor pasivo de intervenciones que profundizan su condición de dependencia histórica. Del mismo modo, Bringel y Svampa (2023) acuñan el concepto de “Consenso de la Descarbonización” para advertir que los Green New Deals de las potencias del norte encubren una nueva fase de colonialismo verde que exige el sacrificio de los territorios del Sur para sostener el modo de vida imperial.
La segunda corriente se enfoca en el neoextractivismo y la economía política latinoamericana. Aquí la literatura problematiza los impactos locales de la especialización primaria. Autores como Gudynas (2009) y Svampa (2013) han conceptualizado el “Consenso de los Commodities” como un orden económico e ideológico basado en la exportación a gran escala de bienes primarios que termina por desestructurar economías regionales y produce “zonas de sacrificio” socioambientales. En el contexto argentino, Svampa y Viale (2014) y los estudios de Marchegiani et al. (2019) evidencian cómo este patrón de acumulación consolida el despojo territorial e invisibiliza el reclamo de las comunidades locales frente al uso intensivo de los recursos hídricos de la Puna.
Para finalizar, la tercera línea identificada aborda de forma directa la gobernanza del litio y los límites a la industrialización. Desde esta perspectiva se analizan las capacidades del aparato estatal y el sistema normativo. Los autores demuestran que el régimen federal argentino, bajo el cual el dominio del recurso pertenece a las provincias, genera una competencia interjurisdiccional para captar inversiones que debilita el poder de negociación a nivel nacional (Freytes, Obaya y Delbuono, 2022). De igual manera, Schteingart y Rajzman (2021) y Obaya y Céspedes (2021) detallan los obstáculos técnicos y de escala que impiden a Argentina insertarse en la producción de baterías de ion-litio y volverlo parte de su cadena de valor.
A pesar de que estas líneas de análisis ofrecen aportes fundamentales para este debate, aún existe un vacío analítico en la literatura. Falta un análisis que conecte las tres dimensiones y explore los mecanismos mediante los cuales la securitización del litio puede actuar como un condicionante de los procesos de industrialización en el Triángulo del Litio y, en particular, en Argentina, donde el Estado tiende a operar crecientemente bajo lógicas de urgencia extractiva en detrimento de estrategias de planificación tecnológica de largo plazo.
1.3 Marco teórico y conceptual
El presente estudio se inscribe en la perspectiva de la economía política internacional con un enfoque crítico desde el Sur Global. Bajo este lente, el enfoque permite interpretar las relaciones internacionales no solo a través de la interacción diplomática entre Estados, sino evaluando cómo las asimetrías de poder moldean la división internacional del trabajo y las economías locales. Para interpretar la evidencia, el análisis se estructurará en torno a tres categorías conceptuales centrales.
En primer lugar, se utilizará el concepto de securitización formulado en la Escuela de Copenhague. Buzan, Wæver y de Wilde (1998) definen la securitización como un acto de habla y una práctica política mediante la cual un tema es presentado como una “amenaza existencial” para un objeto referente. Es así que los actores estatales y tomadores de decisión justifican el uso de medidas por fuera de las reglas políticas habituales. Demurtas (2019) además advierte que la securitización es un proceso de “excepcionalismo” que reordena las prioridades de un Estado. Si trasladamos dicha noción al contexto de este artículo, notaremos que se conceptualiza la securitización climática y económica del Norte Global como el proceso por el cual EEUU y Europa elevan el abastecimiento de litio a una cuestión de supervivencia frente a la crisis climática y la competencia con China. De tal forma, se legitiman intervenciones masivas de mercado y presiones diplomáticas sobre los países productores del recurso.
El segundo concepto que se abordará será el “neoextractivismo”. Este concepto acuñado en el pensamiento latinoamericano define un patrón de acumulación sustentado en la sobreexplotación de recursos naturales destinados a la exportación con nulo o escaso procesamiento del mismo. Este concepto se actualiza para entender cómo la “transición verde” mantiene intacta la matriz periférica, legitimada a través del discurso de la modernización ecológica.
En tercer y último lugar, el marco incorpora la noción de Cadenas Globales de Valor (CGV). La obra de Gereffi (2001) establece que la globalización fragmentó la producción en redes donde las empresas líderes de los países centrales retienen el control de los eslabones que generan rentas tecnológicas y organizativas de alto valor, mientras que las etapas de extracción primaria se delegan a la periferia. Aplicado al litio, permite comprender las barreras de entrada que impiden a un país con el recurso bruto saltar automáticamente a la manufactura de bienes complejos, en este caso celdas y baterías.
Habiendo descrito este marco conceptual, se plantea como hipótesis principal que la securitización del litio por parte del Norte Global, materializada en normativas orientadas a garantizar el abastecimiento de minerales críticos, genera incentivos y presiones geopolíticas y económicas que tienden a priorizar la extracción acelerada del recurso. Esta dinámica, combinada con las limitaciones regulatorias del esquema federal argentino, restringe la capacidad del Estado para promover procesos de transferencia tecnológica, fortalecer eslabonamientos productivos e impulsar estrategias de agregación de valor, contribuyendo a la consolidación de un modelo de inserción predominantemente neo-extractivista funcional a la transición energética de las economías industrializadas.
1.4 Objetivos
El objetivo general del presente trabajo consiste en analizar de qué manera la política de securitización de minerales críticos impulsada por el Norte Global condiciona el modelo de explotación del litio en Argentina y cómo esto limita sus capacidades de autonomía industrial.
En cuanto a objetivos específicos, se buscará examinar la doctrina normativa de “minerales críticos” (desarrollada recientemente por potencias como EEUU y la UE) para comprender la lógica de securitización; identificar el patrón de inversiones extranjeras directas (IED) del sector litífero en Argentina focalizando en la concentración de capitales en la etapa puramente extractiva; y evaluar en qué medida las dinámicas internacionales asociadas a la securitización del litio, en interacción con las características institucionales del régimen minero argentino, condicionan el margen de maniobra estatal para promover eslabonamientos productivos y estrategias de agregación de valor local.
1.5 Diseño metodológico
Para responder a la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos propuestos, el presente artículo adoptará un enfoque cualitativo y un diseño de estudio de caso único. El análisis se centrará en la República Argentina en el contexto del actual proceso de transición energética global (2019-2024). La selección de Argentina como estudio de caso se justifica por su posición entre los principales poseedores de recursos litíferos a nivel mundial, la particular configuración federal de su régimen de gobernanza minera y la coexistencia de discursos orientados a la industrialización con resultados predominantemente extractivos.
La variable independiente a observar es la política de securitización de minerales críticos impulsada por las potencias hegemónicas, operacionalizada a través de la sanción de marcos normativos orientados a garantizar la seguridad de suministro y promover el abastecimiento estratégico. La variable dependiente corresponde al modelo de inserción industrial argentino en la cadena global de valor del litio, operacionalizado a partir del grado de procesamiento retenido en el país, la existencia de iniciativas de agregación de valor y el alcance de las políticas de fomento a la industria local. Asimismo, se consideran como variables intervinientes la estructura federal de gobernanza de los recursos naturales, el régimen de promoción minera vigente y las capacidades científico-tecnológicas nacionales, en tanto factores que pueden incidir en la relación entre la securitización internacional y las posibilidades de industrialización doméstica.
La estrategia de recolección de datos se basará exclusivamente en el análisis documental. Para ello se examinará como fuentes primarias legislaciones internacionales recientes y planes de política exterior económica del norte global. Como fuentes secundarias se procesarán informes técnicos y estadísticos provenientes de organismos multilaterales, dependencias estatales argentinas y centros de investigación especializados. A través del análisis de la evidencia empírica se buscará identificar los mecanismos de condicionamiento mediante los cuales las estrategias de securitización impulsadas desde los principales centros de poder económico pueden incidir sobre las restricciones institucionales y productivas que enfrenta Argentina para avanzar hacia etapas de mayor valor agregado en la cadena del litio.
2. La securitización climática: la doctrina de los minerales críticos en el Norte Global
La transición energética mundial, lejos de ser un proceso técnico neutral, ha mutado hacia una arena de disputa geopolítica donde la seguridad del suministro de materias primas fundamentales se ha erigido como un pilar estratégico de las potencias industriales. La Unión Europea y EEUU han implementado marcos normativos que materializan la securitización de los recursos. Se legitima la adopción de medidas de emergencia que alteran las reglas del libre mercado tradicional a través de la definición del acceso a estos recursos como una amenaza existencial para la supervivencia y la resiliencia de sus economías.
La doctrina de los minerales críticos articula la lucha contra el cambio climático con el imperativo de la seguridad nacional. Por ejemplo, el Reglamento (UE) 2024/1252 de la Unión Europa establece de forma explícita que la demanda de materias primas fundamentales es susceptible de aumentar de manera exponencial debido al papel clave que representa en las transiciones ecológica y digital. Esta normativa identifica un conjunto de recursos como fundamentales por su importancia económica y el elevado riesgo asociado a su suministro; dentro de este listado destaca el litio. El discurso de securitización es evidente, puesto que el riesgo de perturbaciones en las cadenas de valor, exacerbado por las tensiones geopolíticas y la competencia internacional, se presenta como una distorsión para el mercado interior y un obstáculo para la autonomía estratégica abierta de la Unión. Bajo esta lógica, el Estado y las instituciones supranacionales intervienen para identificar y apoyar “proyectos estratégicos” en la cadena de valor que garanticen la resiliencia del bloque frente a otros países.
Con los lentes analíticos de Buzan, Wæver y de Wilde (1998), esta categorización cumple con los requisitos del “acto de habla” securitario. Se designa una amenaza que pone en peligro un objeto referente, legitimando así medidas de excepción que incluyen subsidios estatales, la creación de puntos de contacto únicos para autorizaciones aceleradas y mecanismos de financiación preferencial para proyectos estratégicos. Así, lo que se presenta discursivamente como una lucha compartida contra la crisis climática, en la práctica política se traduce en una maniobra de securitización que prioriza la seguridad del abastecimiento para las potencias hegemónicas por sobre cualquier consideración de desarrollo industrial soberano en los países de origen.
En suma, el “Consenso de la Descarbonización” no modifica el perfil metabólico de la sociedad occidental ni cuestiona el imperativo de crecimiento ilimitado, sino que simplemente re-configura las geografías de la extracción para garantizar que el flujo de minerales críticos no se interrumpa ante las nuevas tensiones. El Norte Global, institucionalizando esta doctrina de seguridad, no sólo asegura su transición energética, sino que al mismo tiempo intenta consolidar una nueva jerarquía donde los países de la periferia sudamericana quedan anclados a la provisión de bienes primarios sin posibilidades reales de escalar hacia etapas de mayor valor agregado.
3. Estructura de enclave: el patrón de inversión extranjera en Argentina
En el territorio argentino, el “Consenso de la Descarbonización” en el Norte Global se traduce en un patrón de inserción económica caracterizado por la estructura de enclave, donde las inversiones extranjeras directas se orientan casi exclusivamente a la extracción primaria. Lejos de fomentar un proceso de industrialización soberana, este esquema refuerza una inserción periférica funcional a la transición energética de las potencias, pero que perpetúa la condición de subdesarrollo local. Obaya y Céspedes (2021) señalan que la división internacional del trabajo en las cadenas globales de baterías se encuentra fuertemente jerarquizada, y que mientras los segmentos de mayor valor agregado (la producción de celdas y materiales activos) se concentran en Asia y los nodos tecnológicos de Occidente, los países del “Triángulo de Litio” (Argentina, Bolivia y Chile) son relegados a la especialización en las fases upstream, esto es, la extracción y el procesamiento inicial de salmueras.
La dinámica de las inversiones en Argentina ha respondido desde los años noventa a este patrón de especialización extractiva. Tal como analizan López et al. (2019), el modelo argentino ha priorizado la atracción de capitales transnacionales mediante beneficios fiscales y seguridad jurídica para garantizar la provisión de carbonato de litio a mercados globales sin exigir a cambio transferencias tecnológicas sustanciales. En este contexto es que las empresas transnacionales operan bajo una lógica que prioriza la exportación de commodities por encima de la creación de entramados productivos domésticos y la sustentabilidad social y ambiental del territorio (Marchegiani et al. 2019).
La evidencia empírica reciente respalda esta tesis. Informes técnicos del CENIT (2024) y de Schteingart y Rajzman (2021) revelan que, a pesar de las retóricas oficiales que prometían una “revolución del litio” industrial, la capacidad instalada y la inmensa mayoría de los proyectos en cartera permanecen anclados en la producción de carbonato de litio grado batería con destino exclusivo a la exportación, vaciando de contenido la promesa de una agregación de valor nacional. Los intentos por escalar en la cadena de valor han enfrentado severas barreras de entrada por los elevados costos, la falta de una red sólida de proveedores locales tecnológicos y, fundamentalmente, la estrategia de empresas líderes de retener los segmentos de mayor rentabilidad dentro de sus propias jurisdicciones o en los nodos asiáticos.
La estructura de enclave se manifiesta en la escasa vinculación del sector minero con el tejido productivo nacional. Nacif (2014) advierte que el litio ha transicionado de insumo estratégico para la industrialización local a ser gestionado como un commodity puro bajo el esquema de la Ley de Inversiones Mineras de la década de 1990. Este marco legal despoja al Estado de la capacidad de incidir en los procesos productivos y limita su rol a la captura de una renta exigua a través de regalías. Así, la estructura de enclave se perpetúa y mientras los centros tecnológicos del Norte Global y Asia desarrollan el conocimiento y las patentes requeridas para fabricar las baterías del futuro, Argentina provee salmuera procesada con un alto costo hídrico y ambiental, consolidando una jerarquía económica donde el centro retiene el valor tecnológico y la periferia el pasivo ambiental.
4. La vulnerabilidad regulatoria y los límites del Estado argentino
La configuración de la estructura de enclave previamente descrita no es un producto azaroso, sino el resultado de una vulnerabilidad regulatoria deliberadamente construida y sostenida por el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales. La descentralización de la propiedad de los recursos naturales establecida por el artículo 124 de la Constitución Nacional tras la reforma de 1994, ha fragmentado la gobernanza minera en el país y ha convertido a las provincias en los actores principales para la negociación con el capital transnacional. Lejos de consolidar un proyecto industrial unificado, este esquema federal ha generado una competencia fiscal y normativa entre provincias que bajo la lógica de la “competencia por las inversiones” flexibiliza estándares ambientales y tributarios para atraer proyectos extractivos.
Freytes et al. (2022) argumentan que esta fragmentación debilita las capacidades del Estado para coordinar estrategias industriales coherentes y exigir transferencias tecnológicas efectivas a las corporaciones. El Estado no actúa como un actor estratégico imponiendo condiciones de eslabonamiento, sino que se limita a garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal exigida por las empresas, tanto en sus niveles nacionales como provinciales. La Ley de Inversiones Mineras como marco normativo otorga beneficios impositivos regresivos y regalías mineras ínfimas, privando así a la estructura estatal de los recursos fiscales necesarios para impulsar el desarrollo de capacidades productivas domésticas.
A esta debilidad regulatoria se suma la asimetría estructural en la negociación con las empresas. Obaya (2021) señala que la laxitud de la gobernanza minera local, enfocada en la atracción de capitales a cualquier costo, limita el espacio de política pública necesario para fomentar eslabonamientos productivos locales. Las provincias, urgidas por generar ingresos fiscales inmediatos para paliar las deficiencias presupuestarias, caen en una lógica donde lo prioritario es la proliferación de proyectos extractivos, independientemente de su impacto a largo plazo sobre la soberanía tecnológica. Este escenario crea una trampa donde el Estado actúa como un facilitador de la transferencia de recursos naturales al exterior mientras que su capacidad científica y técnica queda relegada a los márgenes.
La reciente implementación de regímenes de excepción, como los incluidos en la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) puede interpretarse como una profundización de un esquema orientado prioritariamente a la atracción de inversiones extractivas al ofrecer condiciones aduaneras, cambiarias y tributarias ultra-flexibles para potenciar la extracción a gran escala. El Estado no sólo pierde la posibilidad de capturar renta, sino que renuncia explícitamente a su capacidad de planificar el desarrollo sectorial. De esta forma, el RIGI institucionaliza la primacía de la seguridad jurídica para el inversor extranjero por sobre el interés del desarrollo nacional y con esto la supuesta “promesa de desarrollo” que encierra la exportación de litio se ve frustrada por la propia política estatal, que lejos de corregir las debilidades del federalismo, las profundiza. El país se sume entonces en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las presiones de la securitización climática externa y consolida, finalmente, un modelo de exportación primaria que contradice las aspiraciones de soberanía industrial que alguna vez fueron propuestas.
5. Consideraciones finales
La transición energética suele presentarse en el debate público internacional como una oportunidad histórica para construir un modelo de desarrollo sustentable capaz de reconciliar crecimiento económico, innovación tecnológica y mitigación del cambio climático. No obstante, el caso del litio argentino permite advertir que la descarbonización de las economías industrializadas no constituye un proceso inherentemente emancipador ni garantiza por sí misma una transformación de las estructuras históricas de desigualdad que han caracterizado la inserción internacional de América Latina. Por el contrario, el análisis desarrollado sugiere que la creciente securitización tiende a reconfigurar viejas relaciones centro-periferia bajo nuevas narrativas vinculadas a la seguridad económica, la resiliencia de las cadenas de suministro y la urgencia climática.
La institucionalización del litio como recurso estratégico para la autonomía energética y tecnológica de EEUU y la Unión Europea genera un entorno internacional en el que la rapidez del abastecimiento adquiere un valor prioritario. Es así que países como Argentina se encuentran frente a la tensión estructural entre la ventana de oportunidad que abre la abundancia de recursos naturales para la sofisticación productiva, las dinámicas predominantes del mercado global y las propias limitaciones institucionales domésticas que favorecen la profundización de esquemas de especialización extractiva. De este modo, la denominada “transición verde” corre el riesgo de reproducir una lógica en la que los territorios periféricos continúan aportando materias primas indispensables para sostener nuevas formas de acumulación tecnológica desarrolladas principalmente fuera de sus fronteras. En este sentido, el denominado “Consenso de la Descarbonización” parecería constituir menos una ruptura respecto del “Consenso de los Commodities” que una reformulación contemporánea del mismo, donde la legitimidad de la especialización extractiva deja de sustentarse principalmente en las promesas de crecimiento económico para hacerlo en el imperativo de la mitigación climática, la seguridad energética y la resiliencia de las cadenas globales de suministro.
No obstante, atribuir exclusivamente a las presiones externas la persistencia de este patrón resultaría insuficiente. La evidencia examinada demuestra que las restricciones derivadas del diseño federal de la gobernanza minera, la debilidad de la planificación industrial a largo plazo y la ausencia de mecanismos robustos de captura de rentas y transferencia tecnológica constituyen factores igualmente relevantes para comprender los límites del modelo argentino. La securitización internacional del litio no determina de forma mecánica el destino productivo del país, pero sí contribuye a consolidar un contexto geoeconómico que reduce los incentivos y el margen político necesarios para avanzar hacia estrategias de agregación de valor sostenidas.
En última instancia, el interrogante que emerge de este proceso trasciende al litio en sí mismo y remite a las condiciones bajo las cuales el Sur Global puede participar de la transición energética en términos compatibles con sus propios proyectos de desarrollo. En definitiva, el desafío que enfrenta Argentina no consiste únicamente en decidir cuánto litio extraer o bajo qué condiciones hacerlo, sino en definir si la transición energética global será asumida como una nueva oportunidad para profundizar una inserción internacional basada en la exportación de recursos estratégicos o como una instancia para disputar mayores márgenes de autonomía tecnológica, capacidad industrial y soberanía económica en un escenario crecientemente atravesado por la competencia por minerales críticos.
6. Referencias
Asamblea Constituyente. (1994). Constitución de la Nación Argentina. Boletín Oficial de la República Argentina
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