La función del cargo de Secretario General de las Naciones Unidas se caracteriza por una doble naturaleza: secretario y general, descansando sobre una tensión que la propia Carta fundacional deja sin resolver. Mientras que el artículo 971 lo define como el más alto funcionario administrativo de la Organización, el artículo 992 lo habilita como un actor político autónomo, facultado para llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier amenaza a la paz internacional. Según Chesterman (2007), la naturaleza dicotómica del cargo es la clave que explica por qué cada persona que ha ocupado el cargo termina resolviendo esa tensión de un modo distinto, y por qué la elección del año 2027 es, en el fondo, una definición sobre qué tipo de liderazgo necesita la organización en su octava década.
El proceso de selección de 2026 ofrece un caso empírico oportuno para poner a prueba dos cuestiones que atraviesan este ensayo. La primera es analítica sobre el tipo de liderazgo proyecta cada una de las siete candidaturas activas, y qué marco teórico permite compararlas con rigor. La segunda es más incómoda: el mecanismo mismo de selección, dominado por cinco potencias con poder de veto, ¿está diseñado para producir el liderazgo que la organización necesita, o más bien para filtrarlo? Se sostiene que leído desde la perspectiva de la teoría realista de las relaciones internacionales, es más pesimista de lo que el propio proceso electoral está dispuesto a admitir.
Un mapa para comparar liderazgos
Para ordenar la comparación entre las candidaturas conviene distinguir, siguiendo a Schechter (1987), tres niveles de análisis que la literatura sobre liderazgo en organismos internacionales suele relacionar: 1) un nivel de personalidad, focalizado en los rasgos individuales de quien ocupa el cargo; 2) un nivel organizacional, centrado en la interacción entre esa persona y la estructura institucional que la rodea; y 3) un nivel institucional-normativo, refiriéndose en los límites formales que la Carta y las resoluciones de la Asamblea imponen a cualquier ejercicio del cargo. Los tres niveles son claves para leer el proceso de candidaturas sin reducirlo a una simple cuestión de personalidades.
En el nivel de personalidad, el marco más influyente sigue siendo el de Kille (2006), que aplica el análisis de rasgos políticos desarrollado por Hermann (2003) a los siete secretarios generales que ejercieron el cargo entre 1946 y 2006, de Trygve Lie a Kofi Annan. Kille identifica seis rasgos, que se entienden bajo la dimensión de la relación del líder con las restricciones de su cargo y de su entorno político.
Cuando un líder respeta las restricciones dadas de su cargo y atiende el entorno bajo ellas, es de tipo gerencial (Kille, 2006). También está quien acomoda sus restricciones y navega por ellas sin desafiarlas, es un líder de tipo estratégico (Kille, 2006). Y por último, está el líder visionario, quien confronta y empuja estas características restrictivas de su cargo, es un líder convencido que puede manejar los acontecimientos y que su misión trasciende (Kille, 2006).
Cox (1969) sostiene que la calidad del liderazgo ejecutivo puede ser el determinante aislado más decisivo del crecimiento en alcance y autoridad de una organización internacional, y propone que la historia ya suficientemente larga de estos organismos permite un enfoque comparativo y elementos para una teoría del liderazgo, atenta a cómo el jefe ejecutivo protege y desarrolla su posición y puede convertirse en creador de una nueva base de poder mundial. A diferencia de Kille, que parte de la psicología del individuo, Cox enfatiza la interacción entre el líder y la estructura organizacional. Es decir, si Kille ofrece la lente de agencia y personalidad, Cox aporta el complemento de estructura, cómo esa misma persona en el cargo, puede convertir la posición en una plataforma de poder relativamente autónoma frente a los Estados que la eligieron.
Por último, el nivel institucional-normativo, es el que da nombre a la tensión que enmarca este cargo. Chesterman (2007), en el volumen que compiló bajo el título “Secretary or General?”, entiende al Secretario General como un ente global que debe equilibrar una independencia política singular, es decir que no este atado a ningún Estado, frente a una interdependencia institucional obligada con el Consejo de Seguridad y los Estados miembros.
Dos marcos generales de liderazgo, no diseñados originalmente para la ONU pero aplicados con frecuencia a ella, atraviesan los tres niveles anteriores en lugar de competir con ellos. El primero es la distinción entre liderazgo transformacional y transaccional (Burns, 1978; Bass, 1985). El líder transaccional gestiona mediante intercambios y rutinas, mientras el transformacional moviliza en torno a una visión y eleva las motivaciones de quienes lo rodean. Un eje que mapea con bastante precisión sobre la distinción gerencial-visionaria de Kille y que resulta el complemento más reconocible fuera de la ciencia política. El segundo es la tipología weberiana de la autoridad (tradicional, carismática y legal-racional) que funciona como telón de fondo clásico para cualquier discusión sobre la legitimidad del cargo.
Leídos en este orden, el marco de Kille explica cómo cada candidatura ejerce el poder puertas adentro, Cox explica cómo esa misma persona, una vez en el cargo, puede convertir la posición en una base de poder propia y Chesterman explica los límites formales dentro de los cuales ambas dinámicas ocurren.
Siete candidaturas y un mismo diagnóstico compartido
En la actualidad compiten siete candidaturas por suceder a António Guterres, cuyo segundo mandato concluye el 31 de diciembre de 2026: Michelle Bachelet, nominada por Brasil y México (tras el retiro del patrocinio de su propio país Chile); María Fernanda Espinosa, nominada por Antigua y Barbuda; Rafael Grossi, nominado por Argentina; Macky Sall, nominado por Burundi; Rebeca Grynspan, nominada por Costa Rica; Carolyn Rodrigues-Birkett, nominada por Guyana; y Olara Otunnu, nominado por Uganda (Security Council Report, 2026).
El rasgo estructural más visible de esta lista es la concentración regional: cinco de las siete candidaturas provienen del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, y solo dos representan al Grupo Africano. Ese desequilibrio se explica por el argumento de la rotación geográfica hacia el Sur Global, en consideración de que no ha habido un secretario general latinoamericano desde Pérez de Cuéllar (1982-1991) ni africano desde Annan (1997-2006). A esa presión regional se suma la presión de género: cuatro de las siete candidaturas son de mujeres, en una organización que en ochenta años de historia nunca ha sido encabezada por una (PassBlue, 2026).
Pese a la diversidad de trayectorias, las siete candidaturas comparten un diagnóstico de fondo: la gestión por resultados, la prevención de conflictos y la crítica a la burocracia aparecen en todas las declaraciones de visión, muchas veces bajo el paraguas de la Iniciativa UN80, lanzada por Guterres en 2025 para enfrentar la crisis de liquidez de la organización mediante la revisión de mandatos, la reestructuración administrativa y la eficiencia presupuestaria. La diferencia sustantiva no está tanto en el qué proponen, sino en el modo en que cada candidatura legitima su aspiración y en el registro retórico que emplea para hacerlo.
Un continuo estilo de liderazgo
Aplicado a las siete candidaturas, el marco de Kille (2006) permite trazar un continuo que va del polo gerencial al visionario, con matices intermedios que revelan tanto la biografía de cada aspirante como el cálculo político que hacen sobre lo que resulta decible ante quienes deciden.
En el extremo gerencial se ubica Carolyn Rodrigues-Birkett, cuya declaración de visión la define como pragmática y principista, describe el rol del Secretario General como el de proveer información objetiva a los Estados miembros antes que conducir decisiones, y resume su atributo central de liderazgo como saber qué papel jugar en cada situación (PassBlue, 2026). Vendría siendo catalogada como una líder de alta responsividad y baja creencia en la influencia personal.
Cerca de ese mismo polo, aunque con un origen distinto, se sitúan Rafael Grossi y Macky Sall. Ambos articulan su liderazgo en torno al desempeño y la disciplina, y lo expresan en consignas casi gemelas: Grossi reclama una ONU que funcione (2026) y Sall propone hacer mejor con menos (2026). La diferencia entre ellos es de origen: según sus currículums oficiales, Grossi proyecta el perfil del gestor técnico y mediador construido en la diplomacia multilateral vienesa, mientras Sall encarna al estadista político que reivindica la representación del continente africano tras haber presidido la Unión Africana, aunque esta última no le otorgó, en los hechos, un respaldo institucional formal (fr.allAfrica, 2026). Tras el primer sondeo del Consejo de Seguridad, Grossi insistió en distinguir lo que depende directamente del secretario general de lo que requiere respaldo de los Estados miembros, resumiendo su propuesta en la fórmula menos sede y más trabajo de campo y en la necesidad de honestidad brutal para reconocer lo que la organización puede hacer (El Litoral, 2026).
En una posición intermedia se ubica María Fernanda Espinosa, cuyo liderazgo puede describirse como ejecutivo-reformista. Su declaración se organiza en cinco pilares y propone mecanismos institucionales concretos, y convierte su no pertenencia al Secretariado en argumento de campaña, presentándose como una figura con conocimiento profundo de la organización pero libre del reflejo burocrático (Espinoza, 2026). En sus intervenciones más recientes ha defendido el uso eficiente de los recursos de los contribuyentes, apoyándose en resoluciones que evitan la devolución de contribuciones no ejecutadas como evidencia de gestión responsable (Geneva Solutions, 2026).
En el polo normativo-narrativo se encuentran Bachelet y Grynspan, ambas ancladas en una biografía y en un lenguaje de valores. Bachelet construye su autoridad sobre su experiencia personal, marcada por la dictadura y el exilio, y sobre su trayectoria en derechos humanos, definiendo su rol como el de una facilitadora dedicada a reconstruir la confianza (2026). Grynspan comparte ese registro, ya que se abre con la idea de que defender a Naciones Unidas es tener la valentía para cambiarla y culmina con un pasaje autobiográfico sobre sus padres, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, pero lo combina con una credencial de gestión sólida e invoca explícitamente el artículo 1003 de la Carta como fundamento de imparcialidad de su eventual gestión (Grynspan, 2026).
En el extremo visionario se ubica Olara Otunnu, donde en su presentación de candidatura afirmó que el cargo posee autoridad moral, que esa autoridad fluye directamente de los principios de la Carta y del colectivo que representa las Naciones Unidas y los pueblos del mundo, y prometió restaurar esa autoridad moral de la Secretaría (SoftPower News, 2026). Es una formulación que, en el lenguaje de Cox (1969), describe casi literalmente al jefe ejecutivo como creador de una base de poder propia, independiente de los Estados que lo nominan, es decir un alto supranacionalismo y alta creencia en la influencia personal, los dos rasgos que en Kille definen al tipo visionario.
Los liderazgos se distinguen por la fuente de su legitimación: Bachelet y Grynspan apelan a una legitimidad biográfica y moral; Grossi y Sall, a una legitimidad de desempeño y experiencia ejecutiva; Espinosa, a una legitimidad político-intergubernamental reforzada por su independencia institucional; Rodrigues-Birkett, a una legitimidad de experiencia práctica reciente dentro del propio Consejo; y Otunnu, a una legitimidad casi normativa, anclada en la Carta antes que en ningún Estado en particular. Esa distinción anticipa cómo cada candidatura ejercería los buenos oficios del cargo y qué pondría en juego ante los Estados miembros.
Sondeos, apoyos y el silencio calculado de las potencias
El proceso de selección se abrió formalmente el 25 de noviembre del año 2025 y ha sido notablemente más volátil que en ediciones anteriores. Entre febrero y julio del 2026 se sumaron cinco candidaturas y se registraron dos retiros, incluida la propia candidatura de Bachelet, quien perdió el patrocinio de su país de origen sin abandonar la carrera. El 23 de julio de 2026 se realizó, en el salón de la Asamblea General con las siete candidaturas, un diálogo abierto con representantes diplomáticos y de la sociedad civil (Naciones Unidas, 2026). Y el 30 de julio el Consejo de Seguridad realizó su primer sondeo secreto e informal, en el que cada uno de los quince miembros indicó, mediante papeleta blanca e idéntica para todos, si alienta, desalienta o no tiene opinión respecto de cada candidatura (Security Council Report, 2026).
Cuadro 1. Distribución de las señales de apoyo, desaliento y ausencia de opinión entre los candidatos a la Secretaría General de las Naciones Unidas 2026
| Candidato/a | Votos de aliento | Votos de desaliento | Sin opinión |
| Rebeca Grynspan | 10 | 1 | 4 |
| Rodrigues-Birkett | 9 | 2 | 4 |
| Rafael Grossi | 7 | 2 | 6 |
| Michelle Bachelet | 6 | 5 | 4 |
| Macky Sall | 6 | 7 | 2 |
| María Fernanda Espinosa | 5 | 2 | 8 |
| Olara Otunnu | 2 | 5 | 8 |
El Cuadro 1 presenta la distribución de las señales de aliento, desaliento y ausencia de opinión expresadas por el Consejo de Seguridad respecto de los candidatos a la Secretaría General. Los resultados muestran que Rebeca Grynspan encabeza las preferencias con diez votos de aliento, un voto de desaliento y cuatro Estados sin opinión. Le siguen Rodrigues-Birkett, con nueve votos de aliento, dos de desaliento y cuatro sin opinión, y Rafael Grossi, con siete, dos y seis, respectivamente. En un segundo grupo se ubican Michelle Bachelet, con seis votos de aliento, cinco de desaliento y cuatro sin opinión; Macky Sall, con seis, siete y dos; María Fernanda Espinosa, con cinco, dos y ocho; y Olara Otunnu, quien registra el menor nivel de respaldo con dos votos de aliento, cinco de desaliento y ocho Estados sin opinión. En conjunto, estos resultados reflejan un escenario en el que Grynspan concentra el mayor apoyo inicial entre los candidatos, mientras que el elevado número de Estados sin opinión en algunos casos evidencia que el proceso de definición de preferencias aún permanece abierto.
Dado que en esta fase inicial las papeletas son idénticas para los quince miembros, no es posible atribuir públicamente ningún voto de desaliento a una potencia permanente en particular, esa trazabilidad sólo aparecerá en la fase de papeletas de colores, en la que los cinco miembros permanentes votan con una boleta roja y los diez restantes con una blanca, y un voto en contra en boleta roja equivale al veto de una potencia permanente (Infobae, 2026).
A pesar del secretismo de la votación, se registran señales políticas fuera del mecanismo de votación, como el caso del representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, quien declaró tras el sondeo que la organización necesita un liderazgo capaz de impulsar una reforma profunda, resumida en una gestión de menos sede y más trabajo de campo (BusinessWorld Online, 2026). Esta declaración puede ser ligada con la frase que Grossi retomó casi textualmente en sus propias intervenciones, lo que varios medios argentinos leyeron como una señal de sintonía entre su candidatura y la posición estadounidense (Perfil, 2026). Del lado ruso, Sall se reunió el 20 de julio en Moscú con el canciller Serguéi Lavrov como parte de su gira de cabildeo (Macky Sall, 2026), un gesto que ilustra cómo las candidaturas buscan activamente el respaldo o al menos la neutralidad de cada una de las cinco potencias con poder de veto antes de que sus votos individuales queden expuestos.
Los apoyos declarados fuera del Consejo también dibujan un mapa revelador. Bachelet conserva el patrocinio de Brasil y México pese al retiro de Chile, respaldada además por un grupo de ocho excancilleres chilenos que asesoran su campaña (Infobae, 2026). Grossi cuenta con el apoyo del gobierno argentino desde el lanzamiento de su candidatura, además de gestos de respaldo de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y del presidente paraguayo Santiago Peña (La Nación, 2025). Sall combina el patrocinio formal de Burundi con apoyos bilaterales de Senegal, Gambia y Colombia, en ausencia de un respaldo institucional unificado de la Unión Africana. Rodrigues-Birkett obtuvo el respaldo formal de la Comunidad del Caribe el 11 de julio (PassBlue, 2026), y Otunnu se apoya en la trayectoria de más de cuatro décadas que su propio gobierno destaca como argumento central de campaña (New Vision, 2026).
Lo que el Consejo de Seguridad quiere y lo que Naciones Unidas necesita
El recorrido anterior deja planteada una tensión que la teoría realista de las relaciones internacionales explica con bastante precisión: el Consejo de Seguridad, y en particular sus cinco miembros permanentes, actúa como un conjunto de actores racionales que priorizan la preservación de su propio margen de maniobra por sobre cualquier proyecto de fortalecimiento institucional de la organización. Desde esa lógica, lo que el Consejo quiere no es necesariamente la candidatura más capaz de ampliar la autoridad de Naciones Unidas, sino aquella que ofrezca previsibilidad y no amenace las prerrogativas del veto ni el statu quo de la gobernanza global. El propio mecanismo de sondeos secretos y papeletas de colores está diseñado, precisamente, para filtrar cualquier candidatura que alguna potencia permanente perciba como demasiado autónoma antes de que llegue a la Asamblea General.
Esa lógica explica un patrón que atraviesa las siete candidaturas, donde ninguna de ellas propone abiertamente la reforma del Consejo de Seguridad como eje central de su campaña, y las más insertas en el Secretariado, como Grynspan, Bachelet, Espinosa y Rodrigues-Birkett, tienen mayores incentivos para evitar el tema. La viabilidad de su candidatura depende de no generar fricciones con quienes las evaluarán puertas adentro. Sall, cuya legitimidad depende menos de una carrera dentro del sistema de Naciones Unidas y más de su trayectoria como expresidente y de la representación regional africana, es el único que ha planteado con cierta insistencia la revitalización del multilateralismo y de sus instituciones, aunque sin proponer una reforma formal de la composición del Consejo.
En este punto resulta pertinente recuperar el planteamiento de Cox (1969), quien sostiene que un jefe ejecutivo eficaz puede llegar a convertirse en el creador de una nueva base de poder mundial. Desde una lectura realista, esta posibilidad representa precisamente el escenario que el Consejo de Seguridad requiere evitar durante el proceso de selección. Un secretario o secretaria general capaz de construir una legitimidad propia ante la opinión pública internacional, de recurrir al artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas para ejercer una iniciativa política autónoma y de utilizar el cargo como una plataforma de influencia independiente, resulta potencialmente menos controlable. En este sentido, la distinción formulada por Chesterman (2007) entre el secretario y el general trasciende una mera tipología conceptual, ya que expresa una tensión estructural inherente al cargo, que el propio diseño del proceso de selección tiende a resolver de manera sistemática en favor del primero, privilegiando perfiles percibidos como más previsibles y políticamente manejables por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Sin embargo, lo que la ONU necesita en su octava década para sostener su credibilidad es, en buena medida, lo contrario de lo que ese diseño institucional tiende a producir. Una organización que arrastra crisis de financiamiento recurrentes, cuestionamientos sobre su capacidad de prevenir o detener conflictos armados en curso, y una creciente percepción de marginalidad frente a la competencia geopolítica entre potencias (Massoud, 2026) difícilmente recupera legitimidad con un perfil exclusivamente gerencial. La paradoja es doble: por un lado, el Consejo de Seguridad que debe recomendar a la persona elegida es, a la vez, uno de los principales objetos de la reforma que la organización necesita, lo cual explica por qué casi ninguna candidatura se atreve a proponerla abiertamente. Por otro lado, la propia legitimidad del cargo depende de un cuerpo, es decir la Asamblea General, que solo interviene al final del proceso, una vez que la decisión sustantiva ya fue filtrada por cinco potencias con poder de veto.
En términos realistas, entonces, es esperable que el resultado de 2026 favorezca a una candidatura de perfil gerencial o, en el mejor de los casos, estratégico de acuerdo con Kille: alguien que administre eficientemente, evite confrontar a las grandes potencias y sostenga la Iniciativa UN80 como horizonte de reforma acotada. Una lectura institucionalista o cercana a la tradición de Cox sugeriría, en cambio, que la credibilidad de largo plazo de la organización requiere precisamente lo opuesto: una conducción dispuesta a asumir el riesgo político de construir una base de autoridad propia, incluso a costa de la incomodidad de los Estados que la eligieron.
La elección de 2026 no es, por tanto, solo una definición sobre qué persona ocupará el cargo, sino una prueba empírica de cuál de esas dos lecturas teóricas describe mejor el funcionamiento real de Naciones Unidas en el escenario internacional contemporáneo. El resultado de las próximas rondas de sondeos y, sobre todo, la identidad de quienes emitan los votos de desaliento que hoy permanecen anónimos, dirá si el Consejo de Seguridad de 2026 está dispuesto a arriesgar algo de su propio control a cambio de una organización más creíble, o si, como sugiere la teoría realista, prefiere una vez más la previsibilidad de un secretario por sobre el riesgo de un general.
- El artículo 97 establece que el Secretario General “será el más alto funcionario administrativo de la Organización” y que es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. ↩︎
- El artículo 99 faculta al Secretario General para “llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”. Es la única atribución política explícita e independiente que la Carta otorga al cargo. ↩︎
- Artículo 100 consagra la independencia de la Secretaría frente a instrucciones de cualquier gobierno ↩︎
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